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El Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España correspondiente a marzo revela que solo el 23% de las pymes vende más ahora que el pasado año, mientras que un 41% vende menos y el 36% está igual que el año 2021. El 81% de las pymes tienes mayores costes en este ejercicio, frente a un 4% con menos y un 16% con los mismos. De esta forma, el 76% de las pymes obtienen una menor rentabilidad, mientras que tan solo el 7% han mejorado su rentabilidad y el 17% se mantiene en las mismas cifras.

Este barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos se ha realizado durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. El volumen de respuestas de la encuesta permite ofrecer datos con un 95% de nivel de confianza y un 4,5% de margen de error.

El estudio también aborda la situación actual de los autónomos. Tan solo un 24% obtiene más ingresos en 2022 frente a un 33% que se encuentra en el mismo nivel que el pasado año, y un 43% que ha visto reducidos sus ingresos. Respecto a los costes, Al 82% le han aumentado, mientras un 4% tiene menos costes y un 15% los mismos que en 2021. Esta ecuación lleva a que el 73% de los autónomos está consiguiendo una menor rentabilidad respecto al año pasado. Solo el 8% cuenta con un mayor rendimiento y el 19% está consiguiendo el mismo que durante el último ejercicio.

“En el Barómetro de diciembre de 2021 anunciábamos que un 30% de las pymes cerrarían el ejercicio con pérdidas. A la tendencia que veníamos observando se le une la situación de inflación, subida salarial y escasez, y subida de costes de materias primas y energía, lo que supone, lógicamente, volver a tocar de manera severa la rentabilidad de los pequeños y medianos negocios”, afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

“No es de extrañar”, continúa Santiago, “que el 35,3% de nuestros Gestores Administrativos hayan manifestado en el Barómetro que observan una tendencia a la desafiliación al RETA”. La encuesta también señala que se han creado en los últimos meses 90.000 nuevos negocios por parte de empresarios que tuvieron que cerrar el anterior como consecuencia de la pandemia.

En la encuesta también se observa que un 39% de las pymes tienen problemas de liquidez, si bien es el 6% de las mismas las que ya no pueden hacer frente a sus pagos. “A medida que pasan los meses, la desaparición de negocios hace que se modifiquen los índices de empresas en problemas, pero que nadie se engañe, la situación no mejora, solo desaparecen negocios” indica Santiago.

En el caso de los autónomos, los problemas de liquidez afectan a un 42%, y el 3% está dejando de atender ya sus compromisos.

Con este panorama, el 83,3% de los gA considera que hay ahora más incertidumbre que hace unos meses, frente a un 3,6% que considera que es menor la incertidumbre. El 86,7% de los Gestores Administrativos ven el futuro con más pesimismo y tan solo el 1,6% lo ve con optimismo. “Mis compañeros trabajan día a día, codo con codo, con los pequeños y medianos negocios. Es muy importante su percepción, pues están trasladando lo que están viendo en sus clientes”, afirma el presidente de los Gestores Administrativos.

Preguntados sobre cuáles son los mecanismos que ayudarían a mejorar la situación, el 97% de los pequeños y medianos negocios reclama una bajada de los impuestos. El 64% considera que debe contenerse el IPC para intentar sacar adelante esta situación y el 37% pide más financiación.

Por su parte, el 95,3% de los gA cree que la Agencia Tributaria debería actualizar las tablas de impuestos con arreglo al IPC, así como incrementar los 30.000 euros como cantidad máxima para aplazar impuestos sin que Hacienda solicite garantías.

“No pueden darnos noticias de que la recaudación de impuestos está consiguiendo cifras récor, consecuencia del incremento de precios y de la no actualización de tablas, básicamente, como si fuera un logro de la gestión de nuestros dirigentes, mientras los negocios sufren de esta forma” indica Fernando Santiago. “El Barómetro muestra una vez más que los pequeños y medianos negocios no esperan que los fondos europeos arreglen su situación. Hay que tomar medidas serias, eficientes y rápidas, que pasan por contener los costes, ofrecer una mayor financiación que llegue realmente a quien lo necesita y una bajada de los impuestos”, afirma Santiago.

Preguntados los gA sobre su percepción del Kit Digital, el 63% cree que le servirá de ayuda a pymes a corto y largo plazo, frente a un 20,8% que cree que le vendrá bien a corto plazo, pero no a largo, con un 16,2% que considera que no les será útil. En cuanto a los autónomos, el 60,9% de los Gestores Administrativos considera que la ayuda les será útil a corto y a largo plazo, por un 20,4% que cree que le servirá solo a corto plazo y un 18,7 % opina que no les será de provecho de ninguna forma.

“Francamente, no sé cómo tenemos que decirlo ya. Es obvio que nos hemos encontrado con elementos que no esperábamos, pero si la situación ya estaba mal antes, ahora ha empeorado. Puede ser difícil remontarla, pero si no se toman nuevas y contundentes medidas, no sólo será 2022 si no que las previsiones de mejora para 2023 pueden empezar a desvanecerse”, remata Santiago.

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Novedades del Servicio Renta Web

Ratificación del domicilio fiscal. Se modifica la forma de confirmar el domicilio fiscal del contribuyente al iniciar la renta web, en especial para empresarios, profesionales y retenedores.

La ratificación del domicilio será autónoma, lo que permitirá modificarlo después de haberlo ratificado y también permitirá la opción de ratificar el del cónyuge.

Mejora en la APP para móviles mediante el uso de clave pin y poder confirmar las declaraciones del cónyuge e hijos, hasta 4 declaraciones.

Novedades y mejoras en la aplicación de la Renta Web respecto a la incorporación de los rendimientos de capital inmobiliario:

Permitirá el cálculo automático de las amortizaciones

Nuevas casillas para identificar al arrendatario y la rebaja obtenida que se incluirá como gasto (rebaja en la renta arrendaticia por alquiler a determinadas empresas).

Importación de los libros registro en formato electrónico de actividades económicas.

Importación de la cartera de valores que permitirá el cálculo automático de la ganancia o pérdida patrimonial de la transmisión de activos.

La Cartera de Valores se modifica pudiendo acumular operaciones que pasen de 100 y correspondan a un mismo valor, de acuerdo a determinadas condiciones (sin embargo, o se traspasan automáticamente al cónyuge los datos en el caso de ganancias patrimoniales).

Ganancias patrimoniales derivadas de subvenciones. Se da la opción de imputarlas todas en el ejercicio o por cuartas partes. En este segundo caso será un dato que se trasladará a los datos fiscales de los ejercicios siguientes (Art. 14.2 LIRPF)

Otras ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Se incluyen las inversiones en monedas virtuales.

Aportaciones a planes de pensiones: límite máximo e indicación de cantidades pendientes de ejercicios futuros. Se diferenciará entre las aportaciones individuales y aportaciones empresariales.

Se habilitan casillas nuevas para la inclusión de las tres nuevas deducciones en la cuota por obras de mejoras de la eficiencia energética de viviendas.

Mejoras en los Datos Fiscales. Se informa de la obligación de presentar renta a todos los beneficiarios del IMV y de la consideración como trabajo personal, a incluir en la declaración, de la cantidad recibida por todas las ayudas que excedan del 1,5 del IPREM (11.862,90 €).

Se mostrarán avisos en relación al reintegro de las cantidades pagadas en exceso por los ERTES de ejercicios anteriores, para la solicitud de rectificación correspondiente.

Modelo de asistencia para la confección de declaraciones dual (telefónico y presencial): Se podrán simultanear el servicio de asistencia al contribuyente en ambas modalidades, al igual que sucedió en la campaña anterior.

Seguirá habiendo un único perfil de contribuyente para atender toda la campaña, tanto en asistencia telefónica como presencial, que será el perfil ampliado del año anterior.

El perfil de contribuyente al que se prestará el servicio en la AEAT no varía respecto del año pasado:

Trabajo personal hasta 65.000,00 €
Capital mobiliario hasta 15.000,00€
Capital inmobiliario: dos arrendamientos o dos contratos.
Ganancias y pérdidas patrimoniales. Hasta dos transmisiones excepto las lucrativas y las subvenciones a actividades en estimación directa.
Regímenes especiales excepto imputación a agrupaciones de interés económico y UTES, transparencia fiscal internacional, cesión de derechos de imagen y participantes en instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales.
No se prestará el servicio a quienes tengan deducción a unidades familiares con residentes en estados miembros de la UE.

CALENDARIO CAMPAÑA DE RENTA 2021

 6 de abril: Comienzo de la presentación de declaraciones Renta Web por Internet

– 3 de mayo: Comienzo de solicitud de cita previa para atención telefónica (Plan Le Llamamos)

– 5 de mayo: Inicio del servicio de asistencia con el Plan Le Llamamos

– 26 de mayo: Comienzo de solicitud de cita previa para asistencia presencial

– 1 de junio: Comienzo de las citas presenciales para confección de declaraciones

– 27 de junio: Último día para domiciliar declaraciones a ingresar

– 29 de junio: Fin de plazo para solicitar cita para confección de rentas (PLL y presencial)

– 30 de junio: Fin de Campaña 2021.

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Los Gestores Administrativos pueden realizar los trámites necesarios para la adquisición de los distintivos ambientales que a partir del 1 de abril deberán exhibir todos los vehículos que quieran aparcar en el centro de Gijón, según recoge la Ordenanza Municipal de Movilidad.

Las limitaciones a los vehículos más contaminantes son una de las principales cuestiones que aborda la nueva normativa con el objeto de proteger la salud de las personas y la calidad del aire.

De acuerdo con la ordenanza, desde el 1 de abril, los vehículos que quieran estacionar en la zona ORA de Gijón deberán contar con alguno de los distintivos ambientales vigentes.

Como profesionales expertos en la realización de los trámites con las administraciones y en todo lo relacionado con Tráfico, los gestores administrativos son agente certificados para la obtención de estos distintivos ambientales.

El Colegio de Gestores Administrativos de Asturias ha iniciado una campaña informativa en los autobuses urbanos de Gijón para dar a conocer este servicio a los ciudadanos.

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Aunque los datos oficiales del Gobierno reconocen que a cierre de febrero, antes de su extinción, aún 110.000 autónomos eran perceptores de la prestación por cese de actividad arbitrada para combatir los estragos de la pandemia en el colectivo, y para cubrir parte de sus ingresos durante las restricciones motivadas por la pandemia, lo cierto es que según datos del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la cifra de autónomos que no ha recuperado la actividad tras la Covid asciende a tal fecha a 230.000, cobrasen o no prestación, lo que supone más del doble de los que como tal lucen en los últimos registros oficiales.

Esos 230.000 trabajadores por cuenta propia que realmente están en cese de actividad, según los Gestores Administrativos, suponen el 7% del colectivo registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de 3.315.658 personas, según los datos públicos de afiliación a la Seguridad Social más recientes.

La figura de la prestación por cese se sustituye en los cuatro meses siguientes por bonificaciones decrecientes en las cuotas, del 90% en marzo, del 75% en abril, del 50% en mayo y del 20% en junio.

Por otra parte, los mismos registros de los Gestores Administrativos, a partir de sus operaciones diarias a lo largo de todo el territorio español, confirman que los ERTE se enquistaron por encima de los 110.000 empleados a cierre de febrero, concretamente en 115.000 trabajadores, frente a los 101.736 que recogen los datos oficiales.

Más medidas ante el deterioro de la coyuntura

Por ello, desde el colectivo se reclaman nuevas medidas por parte del Estado, máxime tras el deterioro de la coyuntura económica que ya se registraba los últimos meses y que se ha agravado a partir del 24 de febrero por el conflicto en Ucrania.

Como indica a este diario el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, «hace falta más apoyo al colectivo, ante la crisis de componentes y la subida de los precios agravada por la guerra en Ucrania, debido a los problemas añadidos que generan estos factores en el transporte y en el campo, entre otros sectores».

Dos de cada tres autónomos no recupera el nivel de 2019

De hecho, en el XIII Barómetro de ATA se constata que dos de cada tres autónomos aún no han regresado a los niveles de actividad y de facturación de 2019, ejercicio anterior a la pandemia y el confinamiento. Además, a cierre de 2021, y según el mismo documento, el 60,9% de los trabajadores que no habían recuperado los ritmos de 2019 afirmaban que la bajada de la facturación sufrida es aún superior al 50%, y el 22,3% se referían a bajadas del 75% del negocio en relación a cifras anteriores a la pandemia.

Todo ello en un contexto de reforma de las cotizaciones del colectivo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, que previsiblemente elevará la cuota mensual de gran parte del colectivo, a falta de su configuración y dicción definitivas.

La reforma de la cotización pretende hacer girar las cuotas sobre los llamados «ingresos reales», un concepto aún por definir, ya que no todo el colectivo se deduce los mismos gastos afectos a la actividad y que choca, como explica Amor, con el hecho de que a Hacienda no le constan los ingresos del autónomo societario en calidad de persona física.

Cultura, actividades lúdicas y fotografía social

Como explica a este diario el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, los ámbitos donde los autónomos más han tardado o están tardando en recuperar la actividad son el de la cultura e interpretación, el de las actividades lúdicas de feria -que prácticamente hasta el reciente carnaval estuvieron paradas- y el de todos trabajos relacionados con las actividades sociales, como la fotografía de estudio. Estos ramos de actividad, explica Abad, «son el núcleo que ha estado parado hasta hace poco».

Fuente: www.theobjective.com

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Las dudas sobre el futuro no abandonan a las pymes y la gran mayoría cree que este 2022 no será el año de la recuperación. La ralentización de la actividad y los problemas serios de liquidez -aunque han mejorado- han fulminado en lo que va de pandemia a 300.000 pequeñas empresas y otras 400.000 tienen serios problemas para mantenerse. Además, hay 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal.

Según el barómetro realizado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la Seguridad Social ni a Hacienda por la falta de capacidad económica. El estudio indica que hay un 11% de pymes que no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas.

El presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago, advierte de que que hace unos meses se señalaba que eran 700.000 las que estaban en una situación muy difícil, “ahora son 400.000, pero esta rebaja se ha producido porque “han desaparecido 300.000″. Además, habiendo 130.000 empresas al borde de la disolución, Santiago explica que “esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria, pero estamos seguros de que muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados”. Para el presidente de los Gestores Administrativos, “no se trata solo de las empresas que han desaparecido, si no que de continuar así van a seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo”.

Por otro lado, Santiago ha recalcado que el 96% de los autónomos no está de acuerdo con la propuesta de reforma del RETA planteada por el ministro José Luis Escrivá. “Si el ministro sigue adelante con su proyecto, contentará solo al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país”, ha indicado.

Santiago va más allá y lanza un mensaje directamente al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. “Hace unos días, el ministro manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Públicamente le manifesté que no estaba de acuerdo con su afirmación. Pero hemos preguntado sobre esto en nuestro Barómetro. Ministro, el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento”.

Respecto a la creación de nuevo empleo, el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados, mientras que las bajas por ómicron han supuesto un 20% del personal de las pymes en enero de 2022. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. Además, el 78% de los Gestores creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. “Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez”, señala Santiago, “con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.

Asimismo, recuerdan que el dato lo han repetido en los últimos meses “una y otra vez”, para que las administraciones reconsideren los procesos de solicitud de los fondos para “procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.

Los días 7, 8 y 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos llevó a cabo este nuevo barómetro, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. En esta edición se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.

Fuente: diario La Razón

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas de protección para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Medidas para trabajadores autónomos

A los trabajadores autónomos que venían percibiendo hasta ahora las prestaciones extraordinarias asociadas a la pandemia del Real Decreto-ley 18/2021, más de 110.000 personas, se les aplicará una exoneración de su cotización a la Seguridad Social del 90% en marzo, del 75% en abril, del 50% en mayo y del 25% en junio.

Para recibir estas exoneraciones en la cotización, los trabajadores autónomos deberán permanecer en alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022.

En el caso de aquellos autónomos que tengan una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19, recibirán una prestación extraordinaria, por una cuantía del 70% de la base mínima de cotización. También contarán con exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, aunque el periodo se le contará como cotizado. Será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

Isla de La Palma

Además, se prorroga cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso tienen derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio.

Además, este real decreto-ley también extiende hasta el 30 de junio otras medidas especiales que se tomaron el pasado septiembre por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Así, se prorrogan los ERTE especiales de la isla hasta el 30 de junio, que a día 17 de febrero protegían a 804 trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras tienen protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

También se prorroga cuatro meses más una medida de liquidez para las empresas de la isla, como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social, a un interés muy reducido, del 0,5%.

Los ERTE autorizados a empresas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja se transforman de forma automática, en ERTE de Fuerza Mayor sin que las empresas tengan que tramitar nueva solicitud, hasta el 30 de junio de 2022.

Conciliación familiar

Otra de las medidas que incluye se dirige a aquellas personas que venían percibiendo la prestación por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente por cáncer u enfermedad grave. En concreto, se refiere a aquellos beneficiarios a los que esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 de enero de 2022, al haber cumplido los 18 años el menor con anterioridad a esa fecha, ya que desde el 1 enero esta prestación de extiende por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años, en caso de persistir la situación.

Con esta medida, estas personas podrán volver a solicitar la reducción de jornada prevista y su correspondiente prestación, siempre que sigan acreditando los requisitos para acceder a ella y el hijo, hija o persona que hubiere estado sujeta a guarda con fines de adopción o a acogimiento de carácter permanente a su cargo no haya cumplido aún 23 años.

El Plan MECUIDA, que regula el derecho de adaptar y/o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras para atender a los deberes de cuidado como consecuencia del COVID-19 extiende su vigencia hasta el 30 de junio.

ERTES

Se extienden los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo, incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con la COVID-19 y que forman parte del VI ASDE, hasta el 31 de marzo de 2022 facilitando, así, una transición a las medidas estructurales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Durante el mes marzo, por tanto, estará vigente un modelo similar al actual, con exoneraciones en las cotizaciones sociales del 90% en los casos de ERTE por impedimento y del 60% en los casos de empresas que acogidas a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y del 30% (empresas de menos de 10 trabajadores) y del 20% (más de 10 trabajadores) para aquellos supuestos en los que no se pongan en marcha planes de formación.

Durante el próximo mes, las empresas y trabajadores tendrán tiempo para adaptarse a los nuevos mecanismos permanentes incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre. Durante ese mes de transición tendrán tiempo adicional para activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que requieren consultas entre empresa y trabajadores. Durante este plazo también podrán elaborar los planes de formación requeridos.

El mes de transición también servirá para dar respuesta a la petición de activación del Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje.

La entrada en vigor de la reforma laboral abre varias posibilidades de mantener la protección. En cuanto a sectores, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones del 40%, condicionadas a formación. En este caso la empresa está obligada a presentar un plan de recualificación que incluya la realización obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Tiene una duración de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

A nivel de empresa existen también dos opciones: ERTE por fuerza mayor, si existen restricciones al desarrollo de la actividad (con un 90% de exoneración) y, ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un 20% de exoneración si van acompañados de planes de formación.

En el mes de prórroga se facilita la transición, en primer lugar, en materia de gestión ya que empresas y personas trabajadoras afectadas no tendrán que hacer ningún trámite ya que la extensión actuará de forma automática.

Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID y se mantienen los mecanismos de protección vigentes como el contador a cero y la exención de periodo de carencia, mecanismos que, a partir de ahora se aplicarán con carácter estructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos en la reforma laboral.

También se prolonga un mes más la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo discontinuo.

Ampliación de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación hasta el 30 de septiembre de 2022 de varias medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre desahucios, conocido como escudo social. Las medidas contemplan:

  • La ampliación hasta el 30 de septiembre de 2022 de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes. Se incluyen aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último caso, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

En estos supuestos se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

  1. Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
  2. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  3. Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
  4. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
  5. Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
  6. Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley.

Igualmente, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

  • Se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el mencionado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medida, por lo que, al ampliarse hasta el 30 de septiembre de 2022, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de octubre de 2022.

Se trata de medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia. Se suman a las medidas de carácter estructural que el Gobierno está llevando a cabo en materia de vivienda, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada y entre las que se puede citar:

  • El desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda, por primera vez en la etapa democrática, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.
  • La aprobación de un nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
  • Las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.
  • Las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y mejora del parque de vivienda.

Todas estas medidas se sustentan en un correlativo incremento de la inversión presupuestaria en este ejercicio 2022.

Plan nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos

Este plan tendrá una vigencia cuatrienal, sin perjuicio de su revisión cuando las circunstancias lo aconsejen y, para su elaboración se constituirá un grupo de trabajo en el que participarán los ministerios implicados en su ámbito de actuación y el resto de administraciones públicas.

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Los días 7, 8 y 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo un nuevo Barómetro de la gA, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error.  En esta edición del Barómetro de la gA se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por Covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.

El Barómetro indica que se han reducido las empresas con problemas serios de liquidez, aunque aun 400.000 pymes los mantienen. Hay que tener en cuenta que, según el Barómetro, a lo del año 2021 han desaparecido 300.000 pymes. Según el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, “ojalá que la disminución de empresas con serios problemas de liquidez responda a la mejora de su situación, en lugar de a la desaparición de la pyme. Hace unos meses señalábamos que eran 700.000 las que estaban en una situación muy difícil, ahora son 400.000, pero han desaparecido 300.000”.

Según el Barómetro, sigue habiendo 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal. Afirma Santiago que “esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria. Estamos seguros de que muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados”.

El Barómetro también indica que el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la seguridad social y a hacienda. El estudio señala que hay un 11% de pymes que hoy no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas. Para el presidente de los Gestores Administrativos, “no se trata solo de las empresas que han desaparecido, si no que de continuar así van a seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo”.

El Barómetro señala que el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. El 78% de los Gestores Administrativos creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. “Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez”, señala Santiago, “con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.

En la encuesta se ha preguntado a los Gestores Administrativos cuantas bajas han tramitado a consecuencia de Ómicron, recogiendo el Barómetro que se ha tramitado por los Gestores Administrativos bajas equivalentes al 20% del personal de las pymes.

“Hace unos días, el ministro Escrivá manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Públicamente le manifesté que no estaba de acuerdo con su afirmación. Pero hemos preguntado sobre esto en nuestro Barómetro. Ministro, el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento. Si sigue adelante con su proyecto, contentará al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país”, remata Fernando Santiago.

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Los gestores administrativos podrán tramitar las ayudas para pymes y autónomos contempladas en el programa Kit Digital gracias al convenio de colaboración suscrito recientemente por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos, Económicos y Transformación Digital.

El convenio tiene como finalidad habilitar al Consejo General para actuar en representación de pymes, microempresas y autónomos en las convocatorias de ayudas del Programa Kit Digital, dotado con 3.067 millones de euros, con el objetivo de facilitar sus gestiones, agilizar la tramitación de las ayudas y, en última instancia, facilitar la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU.

De esta forma, los más de cien gestores administrativos colegiados de Asturias se convierten en el mejor aliado para los empresarios de la región de cualquier sector que quieran mejorar la digitalización de sus negocios gracias a las ayudas de este programa incluido en los fondos europeos, cuya primera convocatoria se espera que quedé abierta en las próximas semanas.

Kit Digital tiene por objeto la concesión de ayudas a pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo para la adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado en los ámbitos del comercio electrónico, digitalización de las relaciones con clientes y proveedores, desarrollo de procesos internos sin papeles, implantación de la factura electrónica, presencia en internet, automatización de procesos y ciberseguridad.

Según datos del INE correspondientes a 2020, de las 67.573 empresas existentes en Asturias, el 55,4% son unidades productivas sin asalariados y el 41% micro pymes de entre 1 y 9 trabajadores, de ahí la enorme importancia que para la economía regional tiene la transformación digital de un colectivo que puede beneficiarse de las ayudas del Kit Digital de una manera sencilla con la ayuda de los gestores administrativos.

 

 

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