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El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha convocado esta mañana un desayuno con periodistas para hablar sobre la situación de los pequeños y medianos negocios, de forma descarnada pero real. Según su opinión, el otoño se nos avecina caliente y el verano va a ser un oasis engañoso. “Tengo muy claro que la gente necesita descansar, llevamos muchos meses muy tensos y hay que procurar relajarse. Pero se va a tratar de un corto período de falsa calma; llegará el otoño con incremento de los precios, intereses crecientes, rentabilidades bajas, fondos y ayudas que no llegan a las pymes, problemas de abastecimiento…”

El presidente del Consejo General señaló durante su intervención que ya hemos vivido una situación parecida, cuando durante muchos meses nuestros gobernantes se empeñaron en no asumir la realidad, estaba prohibido hablar de crisis. En estos momentos, hablar de problemas de las pymes supone recibir fuertes críticas por lanzar mensajes que pueden asustar a la población. “No entiendo bien porque se empeñan en no llamar a las cosas por su nombre. Es la única forma de combatir con las medidas adecuadas la situación de crisis que estamos sufriendo”, añade Santiago.

Fernando Santiago destacó los problemas para que los ICO llegaran a las PYMES y, sobre todo, en los sucesivos plazos fijados para ampliar carencias y plazos de amortización. Afirma el presidente de los gA que no se entiende que se sigan estableciendo nuevos períodos para ampliar plazos si no es porque existe una fuerte presión sobre la liquidez de las PYMES. “No es sostenible que nos digan los bancos que las PYMES no están solicitando las ampliaciones con que se sigan abriendo nuevos períodos para ampliar los plazos y cuando todos los agentes están de acuerdo con la existencia de graves problemas de liquidez que asolan a los pequeños negocios. Alguien no dice toda la verdad, y estoy seguro de que no son las empresas ni los autónomos”, confirma Santiago.

Sobre el mercado laboral, Santiago pide prudencia. La reforma laboral, los ERTE y sus consecuencias, la subida del SMI en los dos últimos años, están siendo valorados de forma muy distinta por el Gobierno y por los agentes sociales. La caída de los trabajadores en ERTE al acabar el plazo de los ERTE COVID, hasta los 21.000 trabajadores actuales, se ve compensada con las 100.000 suspensiones de contratos entre marzo y abril de este año. El porcentaje alto de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito. En opinión de Santiago, “esperemos a final de año para hacer una valoración más objetiva. En todo caso, lo que percibimos a pie de calle es que los pequeños empresarios están preocupados con la reforma y que la subida del SMI de los dos últimos años les ha supuesto un fuerte crecimiento de los salarios, así como abortar nuevas contrataciones previstas”.

Fernando Santiago resaltó las dificultades de los pequeños negocios para recuperar los niveles de ingresos y de rentabilidad previos a la pandemia. A lo que hay que sumar el sobreendeudamiento para muchos de ellos y el incremento de los costes, lo que genera la caída de la rentabilidad que ya reflejaba el barómetro de abril de los gA. En él, se indicaba que el 70% de PYMES y autónomos obtienen en lo que va de año menor rentabilidad que el pasado ejercicio.

Los pequeños negocios están sufriendo también la presión de los impuestos y la falta de apoyo en forma de ayudas. El presidente de los Gestores Administrativos no oculta su preocupación ante la falta de medidas de apoyo a los negocios. “El mejor seguro para los trabajadores es que las empresas en las que prestan sus servicios estén saneadas y, en consecuencia, se apuntale su continuidad. No dudo que se precise cubrir a los más desfavorecidos, pero insisto en que es preferible que pague el empresario a que pague el Estado”, señala Fernando Santiago. Para ello, solicita el presidente de los Gestores Administrativos que se replantee el reparto de los Fondos Europeos para que alcancen los objetivos que deberían perseguir tales ayudas.

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