Just another WordPress site
Aquí te damos algunos consejos para obtener el certificado de retenciones para la declaración de la Renta.
Aunque los datos oficiales del Gobierno reconocen que a cierre de febrero, antes de su extinción, aún 110.000 autónomos eran perceptores de la prestación por cese de actividad arbitrada para combatir los estragos de la pandemia en el colectivo, y para cubrir parte de sus ingresos durante las restricciones motivadas por la pandemia, lo cierto es que según datos del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la cifra de autónomos que no ha recuperado la actividad tras la Covid asciende a tal fecha a 230.000, cobrasen o no prestación, lo que supone más del doble de los que como tal lucen en los últimos registros oficiales.
Esos 230.000 trabajadores por cuenta propia que realmente están en cese de actividad, según los Gestores Administrativos, suponen el 7% del colectivo registrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de 3.315.658 personas, según los datos públicos de afiliación a la Seguridad Social más recientes.
La figura de la prestación por cese se sustituye en los cuatro meses siguientes por bonificaciones decrecientes en las cuotas, del 90% en marzo, del 75% en abril, del 50% en mayo y del 20% en junio.
Por otra parte, los mismos registros de los Gestores Administrativos, a partir de sus operaciones diarias a lo largo de todo el territorio español, confirman que los ERTE se enquistaron por encima de los 110.000 empleados a cierre de febrero, concretamente en 115.000 trabajadores, frente a los 101.736 que recogen los datos oficiales.
Por ello, desde el colectivo se reclaman nuevas medidas por parte del Estado, máxime tras el deterioro de la coyuntura económica que ya se registraba los últimos meses y que se ha agravado a partir del 24 de febrero por el conflicto en Ucrania.
Como indica a este diario el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, «hace falta más apoyo al colectivo, ante la crisis de componentes y la subida de los precios agravada por la guerra en Ucrania, debido a los problemas añadidos que generan estos factores en el transporte y en el campo, entre otros sectores».
De hecho, en el XIII Barómetro de ATA se constata que dos de cada tres autónomos aún no han regresado a los niveles de actividad y de facturación de 2019, ejercicio anterior a la pandemia y el confinamiento. Además, a cierre de 2021, y según el mismo documento, el 60,9% de los trabajadores que no habían recuperado los ritmos de 2019 afirmaban que la bajada de la facturación sufrida es aún superior al 50%, y el 22,3% se referían a bajadas del 75% del negocio en relación a cifras anteriores a la pandemia.
Todo ello en un contexto de reforma de las cotizaciones del colectivo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, que previsiblemente elevará la cuota mensual de gran parte del colectivo, a falta de su configuración y dicción definitivas.
La reforma de la cotización pretende hacer girar las cuotas sobre los llamados «ingresos reales», un concepto aún por definir, ya que no todo el colectivo se deduce los mismos gastos afectos a la actividad y que choca, como explica Amor, con el hecho de que a Hacienda no le constan los ingresos del autónomo societario en calidad de persona física.
Como explica a este diario el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, los ámbitos donde los autónomos más han tardado o están tardando en recuperar la actividad son el de la cultura e interpretación, el de las actividades lúdicas de feria -que prácticamente hasta el reciente carnaval estuvieron paradas- y el de todos trabajos relacionados con las actividades sociales, como la fotografía de estudio. Estos ramos de actividad, explica Abad, «son el núcleo que ha estado parado hasta hace poco».
Fuente: www.theobjective.com
Las dudas sobre el futuro no abandonan a las pymes y la gran mayoría cree que este 2022 no será el año de la recuperación. La ralentización de la actividad y los problemas serios de liquidez -aunque han mejorado- han fulminado en lo que va de pandemia a 300.000 pequeñas empresas y otras 400.000 tienen serios problemas para mantenerse. Además, hay 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal.
Según el barómetro realizado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la Seguridad Social ni a Hacienda por la falta de capacidad económica. El estudio indica que hay un 11% de pymes que no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas.
El presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago, advierte de que que hace unos meses se señalaba que eran 700.000 las que estaban en una situación muy difícil, “ahora son 400.000, pero esta rebaja se ha producido porque “han desaparecido 300.000″. Además, habiendo 130.000 empresas al borde de la disolución, Santiago explica que “esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria, pero estamos seguros de que muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados”. Para el presidente de los Gestores Administrativos, “no se trata solo de las empresas que han desaparecido, si no que de continuar así van a seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo”.
Por otro lado, Santiago ha recalcado que el 96% de los autónomos no está de acuerdo con la propuesta de reforma del RETA planteada por el ministro José Luis Escrivá. “Si el ministro sigue adelante con su proyecto, contentará solo al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país”, ha indicado.
Santiago va más allá y lanza un mensaje directamente al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. “Hace unos días, el ministro manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Públicamente le manifesté que no estaba de acuerdo con su afirmación. Pero hemos preguntado sobre esto en nuestro Barómetro. Ministro, el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento”.
Respecto a la creación de nuevo empleo, el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados, mientras que las bajas por ómicron han supuesto un 20% del personal de las pymes en enero de 2022. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. Además, el 78% de los Gestores creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. “Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez”, señala Santiago, “con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.
Asimismo, recuerdan que el dato lo han repetido en los últimos meses “una y otra vez”, para que las administraciones reconsideren los procesos de solicitud de los fondos para “procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.
Los días 7, 8 y 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos llevó a cabo este nuevo barómetro, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. En esta edición se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.
Fuente: diario La Razón
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas de protección para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Medidas para trabajadores autónomos
A los trabajadores autónomos que venían percibiendo hasta ahora las prestaciones extraordinarias asociadas a la pandemia del Real Decreto-ley 18/2021, más de 110.000 personas, se les aplicará una exoneración de su cotización a la Seguridad Social del 90% en marzo, del 75% en abril, del 50% en mayo y del 25% en junio.
Para recibir estas exoneraciones en la cotización, los trabajadores autónomos deberán permanecer en alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022.
En el caso de aquellos autónomos que tengan una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19, recibirán una prestación extraordinaria, por una cuantía del 70% de la base mínima de cotización. También contarán con exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, aunque el periodo se le contará como cotizado. Será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.
Isla de La Palma
Además, se prorroga cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso tienen derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio.
Además, este real decreto-ley también extiende hasta el 30 de junio otras medidas especiales que se tomaron el pasado septiembre por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Así, se prorrogan los ERTE especiales de la isla hasta el 30 de junio, que a día 17 de febrero protegían a 804 trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras tienen protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
También se prorroga cuatro meses más una medida de liquidez para las empresas de la isla, como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social, a un interés muy reducido, del 0,5%.
Los ERTE autorizados a empresas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja se transforman de forma automática, en ERTE de Fuerza Mayor sin que las empresas tengan que tramitar nueva solicitud, hasta el 30 de junio de 2022.
Conciliación familiar
Otra de las medidas que incluye se dirige a aquellas personas que venían percibiendo la prestación por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente por cáncer u enfermedad grave. En concreto, se refiere a aquellos beneficiarios a los que esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 de enero de 2022, al haber cumplido los 18 años el menor con anterioridad a esa fecha, ya que desde el 1 enero esta prestación de extiende por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años, en caso de persistir la situación.
Con esta medida, estas personas podrán volver a solicitar la reducción de jornada prevista y su correspondiente prestación, siempre que sigan acreditando los requisitos para acceder a ella y el hijo, hija o persona que hubiere estado sujeta a guarda con fines de adopción o a acogimiento de carácter permanente a su cargo no haya cumplido aún 23 años.
El Plan MECUIDA, que regula el derecho de adaptar y/o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras para atender a los deberes de cuidado como consecuencia del COVID-19 extiende su vigencia hasta el 30 de junio.
ERTES
Se extienden los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo, incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con la COVID-19 y que forman parte del VI ASDE, hasta el 31 de marzo de 2022 facilitando, así, una transición a las medidas estructurales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Durante el mes marzo, por tanto, estará vigente un modelo similar al actual, con exoneraciones en las cotizaciones sociales del 90% en los casos de ERTE por impedimento y del 60% en los casos de empresas que acogidas a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y del 30% (empresas de menos de 10 trabajadores) y del 20% (más de 10 trabajadores) para aquellos supuestos en los que no se pongan en marcha planes de formación.
Durante el próximo mes, las empresas y trabajadores tendrán tiempo para adaptarse a los nuevos mecanismos permanentes incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre. Durante ese mes de transición tendrán tiempo adicional para activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que requieren consultas entre empresa y trabajadores. Durante este plazo también podrán elaborar los planes de formación requeridos.
El mes de transición también servirá para dar respuesta a la petición de activación del Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje.
La entrada en vigor de la reforma laboral abre varias posibilidades de mantener la protección. En cuanto a sectores, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones del 40%, condicionadas a formación. En este caso la empresa está obligada a presentar un plan de recualificación que incluya la realización obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Tiene una duración de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
A nivel de empresa existen también dos opciones: ERTE por fuerza mayor, si existen restricciones al desarrollo de la actividad (con un 90% de exoneración) y, ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un 20% de exoneración si van acompañados de planes de formación.
En el mes de prórroga se facilita la transición, en primer lugar, en materia de gestión ya que empresas y personas trabajadoras afectadas no tendrán que hacer ningún trámite ya que la extensión actuará de forma automática.
Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID y se mantienen los mecanismos de protección vigentes como el contador a cero y la exención de periodo de carencia, mecanismos que, a partir de ahora se aplicarán con carácter estructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos en la reforma laboral.
También se prolonga un mes más la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo discontinuo.
Ampliación de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación hasta el 30 de septiembre de 2022 de varias medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre desahucios, conocido como escudo social. Las medidas contemplan:
En este último caso, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.
En estos supuestos se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:
Igualmente, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.
Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medida, por lo que, al ampliarse hasta el 30 de septiembre de 2022, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de octubre de 2022.
Se trata de medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia. Se suman a las medidas de carácter estructural que el Gobierno está llevando a cabo en materia de vivienda, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada y entre las que se puede citar:
Todas estas medidas se sustentan en un correlativo incremento de la inversión presupuestaria en este ejercicio 2022.
Plan nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos
Este plan tendrá una vigencia cuatrienal, sin perjuicio de su revisión cuando las circunstancias lo aconsejen y, para su elaboración se constituirá un grupo de trabajo en el que participarán los ministerios implicados en su ámbito de actuación y el resto de administraciones públicas.
Los días 7, 8 y 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo un nuevo Barómetro de la gA, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. En esta edición del Barómetro de la gA se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por Covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.
El Barómetro indica que se han reducido las empresas con problemas serios de liquidez, aunque aun 400.000 pymes los mantienen. Hay que tener en cuenta que, según el Barómetro, a lo del año 2021 han desaparecido 300.000 pymes. Según el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, “ojalá que la disminución de empresas con serios problemas de liquidez responda a la mejora de su situación, en lugar de a la desaparición de la pyme. Hace unos meses señalábamos que eran 700.000 las que estaban en una situación muy difícil, ahora son 400.000, pero han desaparecido 300.000”.
Según el Barómetro, sigue habiendo 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal. Afirma Santiago que “esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria. Estamos seguros de que muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados”.
El Barómetro también indica que el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la seguridad social y a hacienda. El estudio señala que hay un 11% de pymes que hoy no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas. Para el presidente de los Gestores Administrativos, “no se trata solo de las empresas que han desaparecido, si no que de continuar así van a seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo”.
El Barómetro señala que el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. El 78% de los Gestores Administrativos creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. “Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez”, señala Santiago, “con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo”.
En la encuesta se ha preguntado a los Gestores Administrativos cuantas bajas han tramitado a consecuencia de Ómicron, recogiendo el Barómetro que se ha tramitado por los Gestores Administrativos bajas equivalentes al 20% del personal de las pymes.
“Hace unos días, el ministro Escrivá manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Públicamente le manifesté que no estaba de acuerdo con su afirmación. Pero hemos preguntado sobre esto en nuestro Barómetro. Ministro, el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento. Si sigue adelante con su proyecto, contentará al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país”, remata Fernando Santiago.
Los gestores administrativos podrán tramitar las ayudas para pymes y autónomos contempladas en el programa Kit Digital gracias al convenio de colaboración suscrito recientemente por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos, Económicos y Transformación Digital.
El convenio tiene como finalidad habilitar al Consejo General para actuar en representación de pymes, microempresas y autónomos en las convocatorias de ayudas del Programa Kit Digital, dotado con 3.067 millones de euros, con el objetivo de facilitar sus gestiones, agilizar la tramitación de las ayudas y, en última instancia, facilitar la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU.
De esta forma, los más de cien gestores administrativos colegiados de Asturias se convierten en el mejor aliado para los empresarios de la región de cualquier sector que quieran mejorar la digitalización de sus negocios gracias a las ayudas de este programa incluido en los fondos europeos, cuya primera convocatoria se espera que quedé abierta en las próximas semanas.
Kit Digital tiene por objeto la concesión de ayudas a pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo para la adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado en los ámbitos del comercio electrónico, digitalización de las relaciones con clientes y proveedores, desarrollo de procesos internos sin papeles, implantación de la factura electrónica, presencia en internet, automatización de procesos y ciberseguridad.
Según datos del INE correspondientes a 2020, de las 67.573 empresas existentes en Asturias, el 55,4% son unidades productivas sin asalariados y el 41% micro pymes de entre 1 y 9 trabajadores, de ahí la enorme importancia que para la economía regional tiene la transformación digital de un colectivo que puede beneficiarse de las ayudas del Kit Digital de una manera sencilla con la ayuda de los gestores administrativos.
Los días 7, 8 y 9 de febrero, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha llevado a cabo un nuevo Barómetro de la GA, con una muestra que presenta un 99% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. En esta edición del Barómetro de la GA se ha consultado a los Gestores Administrativos sobre la salud de las pymes, sobre la avalancha de bajas por Covid en el mes de enero, sobre la confianza en los fondos europeos y acerca de la opinión de los autónomos respecto al nuevo sistema de cotización a la seguridad social.
El Barómetro indica que se han reducido las empresas con problemas serios de liquidez, aunque aun 400.000 pymes los mantienen. Hay que tener en cuenta que, según el Barómetro, a lo del año 2021 han desaparecido 300.000 pymes. Según el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, «ojalá que la disminución de empresas con serios problemas de liquidez responda a la mejora de su situación, en lugar de a la desaparición de la pyme. Hace unos meses señalábamos que eran 700.000 las que estaban en una situación muy difícil, ahora son 400.000, pero han desaparecido 300.000».
Según el Barómetro, sigue habiendo 130.000 empresas en situación técnica de concurso de acreedores sostenidas por la moratoria concursal. Afirma Santiago que «esto no significa que las 130.000 empresas presentarán concurso el día que acabe la moratoria. Estamos seguros de que muchas simplemente cerrarán sus puertas cuando esto suceda, sin acudir a los juzgados».
El Barómetro también indica que el 11% de las pymes están en mora con las entidades financieras, frente al 10% que señalaba el Barómetro del pasado septiembre. Y se mantiene el 8% de las pymes que no pagan a la seguridad social y a hacienda. El estudio señala que hay un 11% de pymes que hoy no presentan este tipo de problemas pero que, si la situación no mejora, entrarán este 2022 en problemas. Para el presidente de los Gestores Administrativos, «no se trata solo de las empresas que han desaparecido, si no que de continuar así van a seguir desapareciendo empresas y, por consiguiente, destruyéndose empleo».
El Barómetro señala que el 9% de las pymes tienen previsto contratar personal en 2022 y un 8% se están planteando despedir empleados. El 72% de los Gestores Administrativos no creen que 2022 sea el año de la recuperación. El 78% de los Gestores Administrativos creen que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. «Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez», señala Santiago, «con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo».
En la encuesta se ha preguntado a los Gestores Administrativos cuantas bajas han tramitado a consecuencia de Ómicron, recogiendo el Barómetro que se ha tramitado por los Gestores Administrativos bajas equivalentes al 20% del personal de las pymes.
«Hace unos días, el ministro Escrivá manifestó que muchos autónomos estaban contentos con su propuesta de reforma del RETA. Públicamente le manifesté que no estaba de acuerdo con su afirmación. Pero hemos preguntado sobre esto en nuestro Barómetro. Ministro, el 96% de los autónomos no están en absoluto de acuerdo con su planteamiento. Si sigue adelante con su proyecto, contentará al 4% de autónomos y a las arcas del Estado, pero tendrá en contra a la casi totalidad de los autónomos de este país», remata Fernando Santiago.
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España y Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, han firmado hoy un acuerdo por el que se habilita a los gestores administrativos para actuar en representación de pymes, microempresas y autónomos en las convocatorias de ayudas del programa Kit Digital.
El convenio permitirá simplificar y agilizar la burocracia administrativa derivada de la gestión de la solicitud de ayudas del Programa y facilitará la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Los gestores administrativos, convertidos en la figura de representante voluntario utilizarán herramientas íntegramente digitales en la formalización de las ayudas (contratos electrónicos, mandatos electrónicos de representación, etc.) que permitirán automatizar los procesos de control en la justificación del trámite de la subvención.
Los autónomos y pymes que presenten la solicitud de ayuda del programa Kit Digital a través de los Colegios de Gestores Administrativos contarán con herramientas digitales que facilitarán la labor tanto de la Administración como del autónomo y la pyme que solicite las ayudas.
El acuerdo formalizado entre Red.es y los Gestores Administrativos permitirá a estos:
En palabras del director general de Red.es «la PYME no se lee el BOE, por eso es fundamental acompañar a las empresas en este proceso, de ahí la importancia del convenio que firmamos. El programa Kit Digital es innovador en el sentido de que hemos incorporado herramientas para que el proceso de concesión de la subvención sea muy ágil. Debemos llegar a un millón de pymes, son un millón de subvenciones individuales que hay que revisar, conceder, abonar y controlar su justificación, para que el proceso cumpla todas las garantías y al mismo tiempo las ayudas lleguen cuanto antes».
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha manifestado su «satisfacción por un acuerdo que refuerza nuestra apuesta por colaborar con la digitalización de las administraciones. Por otra parte, desde hace muchos meses hemos ofrecido nuestro colectivo para tratar de aprovechar lo máximo posible los fondos europeos, facilitando su llegada a quienes, en mi opinión, más lo necesitan: los autónomos y las pymes».
Programa Kit Digital
Dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, el programa Kit Digital está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España Next Generation EU en el marco de la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene como objetivo digitalizar a cerca de un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional de todos los sectores productivos durante los próximos tres años.
El Programa proporcionará a las empresas un bono digital que podrán utilizar para comprar soluciones digitales ya disponibles en el mercado de ámbitos como el de comercio electrónico, digitalización de las relaciones con los clientes y proveedores, desarrollo de procesos internos sin papeles, implantación de la factura electrónica, presencia en internet, automatización de procesos y ciberseguridad. Se puede consultar toda la información en la web oficial www.acelerapyme.es
El Consejo General de Gestores Administrativos a través del siguiente enlace facilita a todos los colegiados información relevante sobre el Consejo, sus órganos de Gobierno, funciones, normativa, acuerdos y formación de interés sobre su funcionamiento.
Visita el portal de transparencia consejogestores.org/transparencia/