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El Grupo Social ONCE reconoce la labor y esfuerzo de una veintena de empresas y entidades, entre las que está el Consejo General de Gestores Administrativos, por su colaboración en su programa de apoyo a las personas refugiadas como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Nota de prensa

El Grupo Social ONCE ha celebrado este martes en Madrid un acto de reconocimiento a la labor y esfuerzo de una veintena de empresas y entidades que han colaborado en su programa de apoyo a las personas refugiadas como consecuencia de la guerra que está teniendo lugar en Ucrania.

El evento, celebrado en la sede de Por Talento Digital de Fundación ONCE, ha contado con la participación de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, además de con el testimonio de voluntarios y representantes de las empresas y entidades colaboradoras.

En su intervención, Carballeda agradeció el apoyo prestado por empresas, entidades y voluntarios al Grupo Social ONCE en su ayuda a los más necesitados de la guerra de Ucrania, porque, dijo, “juntos hacemos más cosas y llegamos más lejos”. En este sentido, el presidente del Grupo Social ONCE animó a los presentes en el evento a continuar colaborando en esta causa: “hay que seguir ayudando desde esta parte del mundo, donde tenemos suerte, porque nos podía haber tocado a nosotros y porque las guerras traen nuevas personas con discapacidad que tienen que aprender a vivir”.

En concreto, las empresas y entidades que han participado han sido Tecnove, Leroy Merlin, Alcampo, Tendam Retail, Europcar, Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, El Corte Inglés, Iberdrola y Grupo Cerealto Siro.

Además, también han colaborado el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, Tragsa, Decathlon, Pascual, Covirán, EVO Banco, Asociación Nacional de Floristas, Unilever, el Grupo Orpea, Leche Río, Fundación Cofares y Amazon.

Gracias a esta iniciativa humanitaria impulsada por el Grupo Social ONCE, se han recogido más de 500 toneladas de material que, entre otros cometidos, han servido para hacer habitables campos de refugiados en la frontera de Rumanía con Ucrania gestionados por Mensajeros por la Paz y Remar.

 

Y todo esto gracias a la colaboración de voluntarios de Fundación ONCE, ILUNION y ONCE, que han llevado hasta la zona de conflicto material educativo y de movilidad para personas ciegas, medicamentos específicos para diabetes y oftalmología, productos de higiene y aseo, alimentos y ropa o cocinas industriales y lavadoras secadoras, entre otros enseres.

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¿Qué significa la GA?

Los gestores administrativos somos los profesionales que  prestamos apoyo y asesoramiento al ciudadano y a las empresas para la realización de los trámites con las Administraciones públicas.

ACTIVIDAD

El asesoramiento en materia administrativa en general. La tramitación telemática de matrículas y transferencias de vehículos, mediante la encomienda con la DGT (Dirección General de Tráfico), centralizándose todos los servicios de tramitación de vehículos a través del Colegio. Gestión y defensa en materia tributaria y financiera, en materia laboral y mercantil. Convenios de colaboración firmados por el Consejo General de Gestores Administrativos con distintas Administraciones: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia (presentación de solicitudes de nacionalidad española por residencia), Ministerio de Política Territorial (Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería y Solicitudes de autorizaciones de Extranjería), Gerencia Regional del Catastro, con otros colectivos profesionales como Registradores y Notarios o instituciones como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), etc.

Todo ello adaptado a las nuevas tecnologías, y actuando a través de plataformas informáticas con carácter de profesionales colegiados, sometiéndose a normas deontológicas recogidas tanto en el Estatuto Orgánico de la Profesión, como en los Estatutos Particulares de cada Colegio bajo las siguientes formas: persona física, sociedad profesional, pudiéndose auxiliar de empleados y colaboradores.

Nuestra actuación profesional queda amparada mediante la cobertura de la Póliza Colectiva del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, cuyo tomador es el Colegio.

La profesión de gestor administrativo será ejercida personalmente, sin interposición de persona alguna, pudiendo únicamente auxiliarse de empleados autorizados para la realización de gestiones de trámite de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Profesión.

Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de gestor administrativo la incorporación al Colegio en cuyo ámbito radique el domicilio profesional, único o principal. Esta colegiación facultará para ejercer la profesión en todo el territorio nacional, en los términos que establece la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto de la Profesión.

Las áreas de actuación de los Gestores Administrativos, entre otras, son las siguientes:

  • Registro Civil, familia y justicia
    • Certificado de Matrimonio
    • Certificado de Nacimiento
    • Cambio de apellidos
    • Pasaporte
    • Empadronamiento
    • Certificado de últimas voluntades
    • Certificado y/o cancelación de antecedentes penales
    • Certificado de matrimonio
    • Certificado de defunción
    • Testamentos
  • Registro de la Propiedad
    • Publicidad registral
    • Certificaciones
    • Inscripciones
    • Gestión de escrituras
  • Vivienda
    • Compra venta
    • Hipoteca
    • Impuestos
    • Contratos
  • Tráfico
    • Transferencias
    • Permiso de conducir
    • Matriculas
    • Reservas de dominio
  • Nacionalidad y Extranjería
    • Solicitudes de nacionalidad española por residencia
    • Solicitudes y renovación de extranjería
  • Seguridad social
    • Pensiones
    • Jubilaciones
    • Liquidaciones
    • Vida laboral
  • Impuestos
    • Transmisiones
    • Sucesiones – donaciones
    • IBI
    • IRPF
    • Plusvalía
  • Marcas, patentes y dominios
    • Registro de marcas
    • Gestión de patentes
    • Registro de dominios
  • Caza y Pesca
    • Licencias
    • Permiso de armas
  • Legalizaciones
    • Homologaciones
    • Visados
    • Traducciones Juradas

Y, en general, todo tipo de asesoramiento así como la gestión y tramitación administrativa.

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Carlos Rodríguez-Noriega, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, repasa la situación actual de la economía española y asturiana, analiza los problemas de pymes y autónomos y lanza un mensaje de optimismo para los gestores en medio de tanta incertidumbre,: los profesionales pueden desempeñar un papel esencial en esta crisis como asesores del empresario. Y añade que el Colegio debería desempeñar un papel activo en esa reducción de la burocracia que se reclama desde el mundo de la empresa.

¿Qué análisis hace de la situación económica actual?

Ahora mismo, pasado el ecuador del mes de agosto, estamos en un oasis, con un lleno para el turismo y un tirón del sector servicios. Si se ha notado una disminución del gasto por visitante, pero el mayor número, puede compensar esa disminución. Ahora bien,  no podemos olvidar que esto es algo muy estacional. La verdadera medida de la situación, la veremos en Octubre-noviembre, una vez haya finalizado la temporada turística. Habrá que estar muy atentos al comportamiento tanto de los precios de la energía, como al comportamiento de la inflación que ya se muestran como el verdadero problema de fondo y que puede dar al traste con la recuperación tan anhelada. La inflación no se detiene, en Asturias seguimos perdiendo población y aunque el sector industrial y las nuevas tecnológicas parece que van bien, vamos a ver cuántas empresas aguantan el tirón; desde luego las que no tengan músculo financiero lo van a pasar muy mal. Podemos estar ante la tormenta perfecta.

¿Cómo lo están pasando las pymes y los autónomos, principales clientes de los gestores administrativos?

Tenemos dos preocupaciones fundamentales. Por un lado la falta de personal cualificado para determinados puestos de trabajo tanto en el sector servicios como industrial, y por otro, el incremento de costes de energía y suministros básicos que ha reducido los márgenes de rentabilidad de las empresas.No hay que ver más que el descenso de la rentabilidad de las pymes, el aumento de los concursos y la caída de ingresos de los autónomos, datos que recoge el último barómetro que realiza el Consejo General de Gestores Administrativos y que indican que el panorama es muy sombrío.

¿Qué recomendaría en estos momentos al pequeño empresario?

Muchísima prudencia y control del gasto. Y si pueden, que busquen una mayor eficiencia energética.

¿Cree que el papel del gestor administrativo cobra en estos momentos de crisis e incertidumbre un mayor protagonismo, en el sentido de que es un buen aliado para esos empresarios y autónomos?

Sin ninguna duda. Pymes y autónomos son nuestros clientes en el ámbito del asesoramiento fiscal, contable, laboral y mercantil, además de otros como extranjería o vehículos y más recientemente la gestión de ayudas del Kit Digital, por ejemplo. Ahora que hay que ser extremadamente prudente, el asesoramiento de un profesional como el gestor administrativo es más necesario que nunca. Está claro que podemos y debemos ser un ayuda en estos momentos tan complejos. El gestor administrativo tiene mucho que aportar en el asesoramiento a los clientes para ser el timonel de las empresas en medio de la tormenta y llevarlas a buen puerto, no podemos dejarlas encallar.

 

El debate sobre la rebaja de impuestos está servido ¿Qué opina?

Soy más partidario de una rebaja de tipos impositivos y reducción de costes administrativos que de las ayudas directas. Las ayudas directas pueden no llegar a quien de verdad las necesita en determinadas situaciones. La reducción de tipos y cargas administrativas llegan a todo el entramado empresarial, por lo que si se combinan bien ambos sistemas pueden ser muy útiles para salvaguardar la integridad empresarial del estado en momentos difíciles.

No sería descabellado una reducción de impuestos teniendo en cuenta que, por efecto de la inflacción está produciendo un aumento de ingresos considerable. Lo preocupante es que ese aumento de ingresos, no se está destinando a la reducción del déficit sino a aumentar el gasto corriente y eso es peligrosísimo. Si el IRPF no se deflacta, estamos perdiendo poder adquisitivo. El esfuerzo fiscal de los españoles es ahora muchísimo mayor que hace unos años. Por otra parte, cuando se dan, por ejemplo, 20 céntimos por litro de gasolina, estás financiando al pobre, pero también al rico…Creo que es mejor una reducción de tipos.

 

¿Cómo está funcionando la labor de los gestores administrativos como agentes para los trámites del Kit Digital?

Tenemos buenas expectativas. Por convenio podemos formalizar las solicitudes directamente.

En estos momentos está apunto de abrirse la convocatoria para las empresas de entre 3 y 9 trabajadores, que son gran parte de nuestros clientes, y muchas de ellas necesitan dar un salto en digitalización. Este es un buen programa de ayudas porque se paga al proveedor, el llamado agente digitalizador, y no a la empresa.

Los empresarios no se cansan de reclamar a la Administración menos burocracia, agilidad en las tramitaciones. ¿Podrían los gestores administrativos aportar algo en este aspecto?

Se está hablando mucho de la simplificación de los trámites administrativos con el fin de reducir la burocracia, pero es curioso que en la mesa estén administración, sindicatos, patronal, etc y se hayan olvidado de los profesionales y mandos intermedios de la administración, que son los que verdaderamente conocen el trámite. Estamos hablando de simplificar la burocracia y ahí tenemos mucho que decir los gestores que somos los verdaderos especialistas en la gestón de los trámites administrativos, haciendo una labor de intermediación entre las empresas, el ciudadano y la Administración. No están hablando con los profesionales que hacemos los tramites y sabemos dónde están los problemas. Los “papeles” de cualquier trámite administrativo, ERE, ERTE o el impuesto de sociedades, no los presenta la patronal o el sindicato, sino el gestor que es el que hace esos trámites. Pero nadie nos ha preguntado cómo se puede mejorar. Deberíamos estar en cualquier mesa o foro que se constituya para tratar este tema.

¿Qué papel podrían desempeñar los gestores administrativos?

Podríamos ayudar a esa reducción de la burocracia y a una racionalización de la tramitación descargando a la Administración de una parte de los trámites, especialmente en lo referido al control y presentación de documentación. Eso lo podríamos hacer mediante convenios, dando un papel fundamental al Colegio que, como entidad de derecho público, ha de ser el garante de la correcta actuación de sus colegiados. Esto que se propone no es nuevo. De hecho, ya lo venimos realizado con varias administraciones con resultados excelentes (Catastro, Nacionalidades, Tráfico, etc).  El Colegio certificaría que la documentación coincide con lo que pide la Administración. Podemos liberar a la Administración de una parte de su labor, sin menos cabo de la labor del funcionario que sería en todo caso el que realizaría el acto administrativo. Hay una parte de trabajo que se puede simplificar.

¿Qué prioridades tiene el Colegio de Gestores Administrativos de Asturias para los próximos meses?

Vamos a poner el foco en el Kit Digital, en la mejora de los servicios a los colegiados, siendo mediadores entre éstos y la administración, y en una modernización de la estructura interna del colegio. También queremos buscar nuevos ámbitos de actuación para los gestores con nuevos convenios de colaboración y retomar las conversaciones con la Universidad a ver si podemos traer el master a Asturias.

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Fernando Santiago es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España y miembro de la junta directiva de la patronal CEOE. Recientemente estuvo en Tarragona, invitado por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona y ha hablado sobre la situación económica de las Pymes de cara al otoño en el Diario de Tarragona. Te dejamos la entrevista íntegra a continuación. 

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¿Qué es un gestor administrativo y cuáles son sus funciones?

La función fundamental es que somos profesionales que nos dedicamos a la gestión entre el administrado y la Administración Pública. Nuestra ventaja es que somos multidisciplinares, e intermediamos en cualquier trámite.

¿Cualquier trámite administrativo, sea el que sea?

Cualquiera. Hoy en día, salvo el DNI y el pasaporte, donde la ley exige presencia física del ciudadano, mediante la firma digital, al ser autoridades de registro, podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un certificado de no estar incurso en un delito de carácter sexual, o para opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hemos sido unos grandes desconocidos hasta la llegada de la pandemia, cuando se nos declaró actividad esencial.

¿Qué sucedió?

En una semana, los gestores administrativos llegamos a tramitar el 70% de los ERTE de todas las pymes del país. Hacemos más del 60% de las escrituras bancarias, un 90% de los trámites de tráfico y más del 70% de las nóminas, seguros e impuestos, muy por encima de los graduados sociales. Además, el 80% de los gestores administrativos somos también abogados.

Los ERTE y los créditos ICO mantuvieron a flote el empleo y las empresas durante la pandemia. ¿Qué nos espera en otoño?

El otoño que llega, viene muy calentito, muy malo. Septiembre empezará en caída libre, y en cuatro o cinco meses vamos a tocar fondo, no tendremos recuperación.

¿Cómo?

No vamos a llegar a recuperarnos hasta 2025. Todo esto, con la consecuencia inicial de la pandemia, se traduce en una gestión no muy afortunada de los poderes públicos. Los ICO se dieron a la banca, y ese fue uno de los mayores errores que se podían cometer.

¿Por qué?

Porque los créditos se dieron a perfiles preconcedidos, y no a quien más los necesitaba. Luego, en dos o tres meses, es cuando llegaron a las pymes. Y ahora, a la práctica, la banca no hace más que poner dificultades a la renovación voluntaria de esos ICO, que está cambiando a préstamos ordinarios. Respecto a los ERTE, si bien es cierto que funcionaron muy bien los primeros seis meses, no lo hicieron tanto después, con la creación de empresas fantasmas o zombis. Y las subvenciones también han fallado. Hay un desconocimiento absoluto desde los poderes públicos de lo que es una pyme.

Entre las condiciones que la Comisión Europea impone al Reino de España para autorizarle a gestionar fondos del instrumento Next Generation EU está la reforma de la Administración Pública. ¿Cómo avanza ese proceso?

Hay cierta voluntad, pero lo primero que hay que hacer es digitalizar la burocracia, recordando, además, que lo único peor que la burocracia en papel es la burocracia digital. Porque esto no va de poner máquinas e Internet, sino de atender al público en condiciones. Al final, la discusión no son los tres minutos que como máximo deben tardar en cogerte el teléfono, sino los 180 días que tarda la Administración en resolver. Mientras no solucionemos esto último, no va a servir de nada digitalizar. Es lucro cesante de la empresa por los tiempos que tardas en poder constituirte, por ejemplo. Es servicio, empatía y resolución. No basta con poner ordenadores nuevos, escáneres e Internet.

Ha analizado cómo hemos llegado hasta aquí, pero no por qué cree que «septiembre empezará en caída libre». ¿Lo puede explicar?

Porque, a todo lo que le he comentado, se añade la crisis de los stocks y las materias primas, con efecto tsunami, luego la crisis energética y, por último, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un cóctel molotov que afecta sobre todo a la pyme, y sin que el Gobierno lo ataje. Cepyme calcula que en España hay actualmente unas 100.000 empresas en peligro de extinción. Y van a desaparecer cerrando sin más, porque la nueva ley concursal no ha sido aprobada. Es decir, no pagarán a otros. Reclamar en un juzgado es caro. ¿Y qué pasa cuando te dejan a deber 1.000 o 2.000 euros?

¿Que se dan por perdidos?

Un abogado y un procurador te cuestan más que esa suma. Luego está la cuestión del empleo, donde se ha incrementado brutalmente el número de contratos indefinidos.

¿Y eso no es algo positivo?

Pero es que han bajado las horas efectivas de trabajo. La primera traducción es que se contratan las horas justas para trabajar y punto. La segunda es la economía sumergida, donde pago las horas extras de aquella manera. Todo esto nos hace pensar que vamos en picado y nos hundimos en este barco. Y en un país que depende de la pyme, si no se las salva y se las ayuda, nos lleva a pique.

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Acompañamos Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la
protección por cese de actividad.

Este Real Decreto-ley es la constatación de la implantación gradual de un nuevo sistema
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, en función de sus
ingresos reales, prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que
requiere la modificación, entre otros textos legales, del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
resulta inevitable articularlo mediante un real decreto-ley, puesto que concurre la
extraordinaria y urgente necesidad de cumplir los compromisos contraídos en plazo,
posibilitando, además, que las fechas de su implementación real puedan cumplirse, lo que
exige llevar acabo unos desarrollos técnicos y adaptaciones organizativas de especial
relevancia, que, en gran medida, son llevadas a efecto tras la aprobación de este real
decreto-ley.

ENLACE

 

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El Consejo General de Gestores Administrativos informa que el trabajo de los gestores está siendo muy satisfactorio en las tramitaciones del kit digital.
Según han informado:

Una atenta lectura de las bases que regulan la convocatoria del kit digital, en su reciente modificación previa a la publicación de las ayudas para el segmento 2, revela que nuestro trabajo ha alcanzado los objetivos perseguidos.

Además de los medios de firma anteriormente previstos, la firma y gestión del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización podrá suscribirse por un Gestor Administrativo colegiado, previa autorización para realizar este trámite en nombre del beneficiario mediante la firma del documento electrónico de representación suscrito a través de la plataforma del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.

Con relación a esta importante novedad el presidente Fernando ha dirigido una carta a los colegiados, así como la citada Orden Ministerial a través de la circular adjunta.
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os concursos de acreedores rozan la cifra total de 2021 en solo seis meses. Según datos de los Gestores Administrativos para THE OBJECTIVE, a partir de las estadísticas de los Registradores, a 30 de junio se solicitaron 4.264 concursos de acreedores por parte de empresas del tejido productivo español, el 78% de los 5.496 presentados durante todo el ejercicio pasado.

Se prevé que las solicitudes aumenten a mayor ritmo a partir de ahora, máxime habida cuenta de que el pasado 30 de junio expiró la moratoria concursal arbitrada para paliar o demorar los efectos de la pandemia sobre las empresas españolas.

El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, pronostica que a cierre de este año como mínimo se duplicará -e, incluso, en el peor de los casos, podría triplicarse- la cifra de concursos registrada el año anterior. Y reitera que hay más de 100.000 empresas en riesgo, de las cuales unas 14.000 están abocadas a solicitar el concurso a corto plazo.

Leyes desadaptadas del tejido productivo español

El problema, explica Santiago Ollero, es que de las 86.000 restantes no todas se recuperarán -finalidad que está en el espíritu de la ley concursal- y algunas soslayarán la presentación de concursos para evitar los costes de abogado y procurador, pudiendo meramente cerrar sin pasar por el proceso.

Por ello, el presidente de los Gestores reclama que la normativa concursal se aproxime más a su espíritu y hace ver cómo en otros países de nuestro entorno se presentan más concursos, bajo la óptica de relanzar la empresa en dificultades.

En cualquier caso, el portavoz de los Gestores destaca que la mayoría de las leyes que afectan al ámbito mercantil están desadaptadas de la configuración del tejido productivo español, en su 98% compuesto por pymes, y están diseñadas para compañías de mayor envergadura. En este sentido, destaca cómo el marco que afecta al sector financiero provoca que la banca no esté concernida con las pymes y encuentre más facilidades para contratar con la gran empresa.

Menos crecimiento y más inflación

El presidente del Consejo General de los gestores desconfía del éxito de los créditos avalados por el ICO. Considera que fue una solución arbitrada a corto plazo que puede no dar los frutos esperados a medio plazo. Relata los múltiples problemas que han afrontado las pymes para tratar de obtener esta financiación, sobre todo en los sucesivos plazos fijados para ampliar carencias y periodos de amortización.

Por otra parte, Santiago Ollero hace unas proyecciones macroeconómicas ciertamente preocupantes, máxime cuando los gestores son quienes en primera línea detectan las debilidades de las pymes. Sentencia el presidente de los gestores que es falso que el IPC esté en el 10,2%, porque el dato oficial encubre alzas mayores en índices de referencia para sectores industriales, algunas del entorno del 30%.

Menos crecimiento y más inflación

El presidente del Consejo General de los gestores desconfía del éxito de los créditos avalados por el ICO. Considera que fue una solución arbitrada a corto plazo que puede no dar los frutos esperados a medio plazo. Relata los múltiples problemas que han afrontado las pymes para tratar de obtener esta financiación, sobre todo en los sucesivos plazos fijados para ampliar carencias y periodos de amortización.

Por otra parte, Santiago Ollero hace unas proyecciones macroeconómicas ciertamente preocupantes, máxime cuando los gestores son quienes en primera línea detectan las debilidades de las pymes. Sentencia el presidente de los gestores que es falso que el IPC esté en el 10,2%, porque el dato oficial encubre alzas mayores en índices de referencia para sectores industriales, algunas del entorno del 30%.

Por otra parte, reclama al Gobierno que deflacte el IRPF para detener la subida de impuestos indirecta que ha supuesto la falta de ajuste a la inflación de los tramos del impuesto.

También anima a que se abra la Inspección de Trabajo a la monitorización de los contratos fijos-discontinuos e indefinidos a tiempo parcial en orden a comprobar si se está camuflando temporalidad bajo figuras de contratación indefinida.

Es prematuro valorar la reforma laboral

En clave laboral, Santiago pide prudencia. El porcentaje alto de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito.

«Esperemos a final de año para hacer una valoración más objetiva. En todo caso, lo que percibimos a pie de calle es que los pequeños empresarios están preocupados con la reforma y que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de los dos últimos años les ha supuesto un fuerte crecimiento de los costes salariales, así como abortar nuevas contrataciones previstas», destaca.

Además, los gestores solicitan que el Gobierno se replanteen el reparto de los fondos europeos para que alcancen los objetivos que debían perseguir tales ayudas.

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El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha convocado esta mañana un desayuno con periodistas para hablar sobre la situación de los pequeños y medianos negocios, de forma descarnada pero real. Según su opinión, el otoño se nos avecina caliente y el verano va a ser un oasis engañoso. “Tengo muy claro que la gente necesita descansar, llevamos muchos meses muy tensos y hay que procurar relajarse. Pero se va a tratar de un corto período de falsa calma; llegará el otoño con incremento de los precios, intereses crecientes, rentabilidades bajas, fondos y ayudas que no llegan a las pymes, problemas de abastecimiento…”

El presidente del Consejo General señaló durante su intervención que ya hemos vivido una situación parecida, cuando durante muchos meses nuestros gobernantes se empeñaron en no asumir la realidad, estaba prohibido hablar de crisis. En estos momentos, hablar de problemas de las pymes supone recibir fuertes críticas por lanzar mensajes que pueden asustar a la población. “No entiendo bien porque se empeñan en no llamar a las cosas por su nombre. Es la única forma de combatir con las medidas adecuadas la situación de crisis que estamos sufriendo”, añade Santiago.

Fernando Santiago destacó los problemas para que los ICO llegaran a las PYMES y, sobre todo, en los sucesivos plazos fijados para ampliar carencias y plazos de amortización. Afirma el presidente de los gA que no se entiende que se sigan estableciendo nuevos períodos para ampliar plazos si no es porque existe una fuerte presión sobre la liquidez de las PYMES. “No es sostenible que nos digan los bancos que las PYMES no están solicitando las ampliaciones con que se sigan abriendo nuevos períodos para ampliar los plazos y cuando todos los agentes están de acuerdo con la existencia de graves problemas de liquidez que asolan a los pequeños negocios. Alguien no dice toda la verdad, y estoy seguro de que no son las empresas ni los autónomos”, confirma Santiago.

Sobre el mercado laboral, Santiago pide prudencia. La reforma laboral, los ERTE y sus consecuencias, la subida del SMI en los dos últimos años, están siendo valorados de forma muy distinta por el Gobierno y por los agentes sociales. La caída de los trabajadores en ERTE al acabar el plazo de los ERTE COVID, hasta los 21.000 trabajadores actuales, se ve compensada con las 100.000 suspensiones de contratos entre marzo y abril de este año. El porcentaje alto de empleo público o la cantidad de contratos fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial son otros de los indicadores que no permiten aun asegurar que la reforma laboral ha sido un éxito. En opinión de Santiago, “esperemos a final de año para hacer una valoración más objetiva. En todo caso, lo que percibimos a pie de calle es que los pequeños empresarios están preocupados con la reforma y que la subida del SMI de los dos últimos años les ha supuesto un fuerte crecimiento de los salarios, así como abortar nuevas contrataciones previstas”.

Fernando Santiago resaltó las dificultades de los pequeños negocios para recuperar los niveles de ingresos y de rentabilidad previos a la pandemia. A lo que hay que sumar el sobreendeudamiento para muchos de ellos y el incremento de los costes, lo que genera la caída de la rentabilidad que ya reflejaba el barómetro de abril de los gA. En él, se indicaba que el 70% de PYMES y autónomos obtienen en lo que va de año menor rentabilidad que el pasado ejercicio.

Los pequeños negocios están sufriendo también la presión de los impuestos y la falta de apoyo en forma de ayudas. El presidente de los Gestores Administrativos no oculta su preocupación ante la falta de medidas de apoyo a los negocios. “El mejor seguro para los trabajadores es que las empresas en las que prestan sus servicios estén saneadas y, en consecuencia, se apuntale su continuidad. No dudo que se precise cubrir a los más desfavorecidos, pero insisto en que es preferible que pague el empresario a que pague el Estado”, señala Fernando Santiago. Para ello, solicita el presidente de los Gestores Administrativos que se replantee el reparto de los Fondos Europeos para que alcancen los objetivos que deberían perseguir tales ayudas.

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La Agencia Tributaria ha sometido a Trámite de Información Pública el contenido de un Real Decreto cuyo objeto es “regular los supuestos de notificaciones y comunicaciones obligatorias por medios electrónicos para determinados procedimientos y ciertos colectivos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha querido compartir con sus redactores sus reticencias respecto a una parte del Real Decreto.

En primer lugar, los Gestores Administrativos reconocen que, con el despliegue normativo actual, resulta difícil establecer un modelo alternativo al vigente, sustentado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en otras dos leyes más y tres reales decretos.

En segundo lugar, los Gestores Administrativos consideran que el contenido del propuesto RD, finalmente, no es lo que vislumbraba y proponía la vieja Ley 11/2007, de Administración Electrónica, que abogaba por el principio de libertad de canal de comunicación, a elección del obligado tributario con carácter general y salvo excepciones: ahora, lo que se propone y establece es justamente lo contrario, es decir, el establecimiento de canales únicos de comunicación, de ejercicio de derechos y de cumplimiento de obligaciones a elección de la Administración, no del administrado.

Muchos de los colectivos recogidos por el RD ya estaban incluidos en la prolija normativa que regula estas comunicaciones; sin embargo, en la redacción de la nueva norma se amplía la obligación a las personas físicas que estén inscritas en el Registro de grandes empresas, en el Registro de devolución mensual, en el Registro de Representantes Aduaneros o en el Registro de apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como apoderados para la recepción de comunicaciones y notificaciones y en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado (REAGE), además de los administradores concursales y, finalmente, las personas físicas incluidas en el censo de profesionales, empresarios y retenedores.

Y es precisamente, en este último extremo, donde los Gestores Administrativos muestran de forma abierta su disconformidad, pues se trata de un muy elevado número de autónomos individuales –en Estimación Objetiva o en Estimación Normal-, micropymes o pymes, respecto de los que también cabe señalar la existencia de una importante brecha digital en estos momentos: no por desarrollar una actividad económica, simplemente, puede decirse que tengan acreditado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, requiriendo, en un buen número de casos, la contratación de un servicio externo para ello o la ampliación de los servicios ya contratados para actuar ante la Administración Tributaria.

Los Gestores Administrativos llevan mucho tiempo señalando las dificultades en la digitalización de los pequeños y medianos negocios que, a menudo, no cuentan con las herramientas necesarias ni con el conocimiento suficiente para trabajar con la Administración exclusivamente por medios puramente tecnológicos. El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, quien ha dirigido un escrito a la Agencia Tributaria en estos términos, señala que “los certificados digitales que realmente funcionan en el caso de los más pequeños, que son cientos de miles, son los de los Colaboradores Sociales. Para poder responder a lo que pretende el RD, una vez más, van a tener que gastarse su dinero. Si la Administración quiere una norma de este tipo, que pague los servicios externos necesarios y, si no, que deje libertad en la relación entre ciudadano y Administración”.

Consideran los Gestores Administrativos que todas las ventajas del sistema de notificación electrónica –el conocido como NEO, que ahora se amplía, y la nueva versión de la notificación individual de actos colectivos que también se prevé en el proyecto normativo- están pensados en beneficio de la Administración, no del contribuyente. Una institución jurídica tan sumamente delicada como la notificación, con múltiples e importantes implicaciones en la validez de los actos administrativos y su eficacia y efectos, debe descansar en la actividad o inactividad de la Administración, no en la actividad o inactividad de los administrados

Igualmente, los Gestores Administrativos consideran excesiva la previsión de que, quienes dejen de cumplir las condiciones para estar incluidos en los supuestos de relación electrónica obligatoria, solo serán excluidos del sistema si lo solicitan expresamente a través de modelo normalizado presentado por medios electrónicos en la Sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En su opinión, debería bastar una baja en censo para que la exclusión fuese automática, sin más obligaciones de comunicación, de la misma manera que un alta en censo genera la obligación automáticamente.

“Esperemos que en este caso nos escuchen y que el sistema de notificaciones no se convierta en un infierno para los más pequeños, que son los que disponen de menos recursos humanos y económicos. Llevamos tiempo solicitando una dirección electrónica única para que una empresa se relacione con las Administraciones, y no una dirección para cada Administración; lejos de tratar de simplificar los procesos, este Real Decreto, si queda como está redactado, será un nuevo dolor de cabeza para los pequeños y medianos negocios”, finaliza Santiago.

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