Parece ser que la Seguridad Social no sólo estaría obligando a los autónomos societarios, colegiados o colaboradores a comunicar sus datos de cara al nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según aseguró el Presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando J. Santiago Ollero, en una entrevista concedida a este diario, la Tesorería está solicitando de manera «masiva a todos los trabajadores por cuenta propia» que comuniquen determinada información sobre altas, bajas o variaciones antes del 31 de octubre, bajo riesgo de ser sancionados.

Fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social negaron a este diario, que se esté solicitando «centralizadamente» esta información a todos los autónomos. «No estamos pidiendo nada diferente a los datos de los societarios. Igual es un caso puntual desde alguna dirección provincial».

Sin embargo, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos aseguró que «estamos recibiendo requerimientos de todo tipo de autónomos, no sólo societarios, también titulares de pequeños comercios que no están establecidos bajo ningún tipo de fórmula societaria – ni están colegiados-«. A su juicio, «la finalidad de la Tesorería con todas estas solicitudes de datos es hacer un cribado para discriminar entre todos y saber, por ejemplo, qué autónomos son societarios y cuáles no«, explicó Fernando Santiago.

En un principio, según confirmó Santiago, empezaron solicitando datos tan sólo a los autónomos que tenían registrados como societarios o colegiados, pero ahora están requiriendo información de manera indiscriminada. Al enviar requerimientos a todos los trabajadores por cuenta propia «lo que se consigue es hacer un filtrado y que una parte del colectivo aporte más a la Seguridad Social, ya que los autónomos societarios tienen bases mínimas más elevadas. Al actualizar la información, por ejemplo, la Seguridad Social puede comprobar si ha habido alguna modificación en la actividad del autónomo y exigirle que aumente su cotización. Esto también tiene implicaciones de cara a determinadas ayudas e incluso a la jubilación activa, que va sólo dirigida a profesionales dados de alta como persona física», aseguró el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

Si bien la Seguridad Social aseguró en distintas ocasiones que lleva tiempo consensuando este tipo de comunicación y gestiones, el presidente del consejo aseguró que «nunca han llamado a los gestores. Considerando que somos el colectivo que más nóminas y seguros sociales gestionamos para nuestros clientes, no encontramos la razón para que no quieran convocarnos a negociar. Tengo la sensación de que se trata de una vendetta por comunicar aquellos aspectos que consideramos mejorables.»

Además, añadió Santiago, «también dicen que sólo es necesario actualizar tres o cuatro datos. Sin embargo, cuando el profesional va a actualizarlos, hay otros muchos datos que se requieren como puede ser el teléfono fijo y móvil, el correo electrónico y otro tipo de información que si no se completa, la página no te permite continuar hasta la última pantalla, que es donde realmente se completan esos datos.

Según Fernando Santiago, «una persona normal necesita unos 30 minutos para actualizar todos esos datos. Imagina lo que puede suponer invertir todo ese tiempo para un solo gestor que tiene decenas o cientos de clientes autónomos».

Por ello, los gestores advierten que los profesionales se están viendo desbordados ante este tipo de gestiones para comunicar datos que ya debería tener la Tesorería. «No sólo nosotros y los abogados, los propios graduados sociales con los que parece que la Seguridad Social sí ha hablado, también han reconocido que no van a ser capaces de rellenar estos datos antes del 31 de octubre.» 

Según explicó Fernando Santiago, «una ley que a la mayoría de los obligados a la misma les convierte en infractores es una  ley mal hecha. A final de mes, cuando entrará en vigor esta norma y su no cumplimiento será objeto de sanción, habrá muchos autónomos que la estarán incumpliendo».

A esto, según el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, se añade el hecho de que «a los gestores nos están obligando a incumplir la Ley General de Protección de Datos. Seguridad Social dice que no se incumpliría porque cuando proviene de una norma tienes obligación de facilitar el dato».

La obligación legal a la que la Seguridad Social se estaría refiriendo y que según la Tesorería está amparada por el reglamento de protección dice que las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación.

Sin embargo, según Fernando Santiago, «lo que están solicitando está fuera del espectro de tratamiento que pueden llevar a cabo los gestores, y por lo tanto se nos está obligando a incumplir el reglamento de protección de datos porque no existe respaldo legal alguno para ese tratamiento. Imagina que a raíz de estos datos la Seguridad Social sube la base mínima a un cliente o le quita la jubilación activa. Si el cliente impusiera una denuncia el responsable sería el gestor y no estaría respaldado por ninguna norma».

La solicitud de datos es sólo uno de los trámites que se irán sumando en un futuro -contando con las regularizaciones que irá haciendo periódicamente la Tesorería, por ejemplo- a las tareas que ya hacen los gestores administrativos. Esta sobrecarga de trabajo, según los propios gestores, va a «aumentar los gastos de gestoría que soportan los autónomos».

Según el presidente de gestores, «lo hagan como lo hagan, el nuevo sistema va a disparar los costes para los autónomos porque la gran mayoría de los gestores, que también son autónomos, si tienen una media de cien clientes y tienen que dedicar unos  30 minutos sólo a este trámite de actualizar los datos antes del 31, ya invertirían 3.000 minutos. Serían 50 horas que debería dedicar un trabajador para realizar tan sólo este trámite  Lógicamente ese tiempo se va a repercutir en los precios de los servicios de gestoría».

Además, hay muchas clases de autónomos. «Para las gestorías, está el autónomo con empelados, al que le llevas la gestión de las nóminas. Con este tipo de cliente se podría entender de una forma laxa que estas gestiones extra van incluidas en los trabajos o igualas que hacemos. Luego están los autónomos a los que les hicimos sólo un papel hace muchos años y ahora tienen que comunicar sus datos. Ese servicio evidentemente después de tanto tiempo se tiene que cobrar. También está el autónomo sin empleados al que le llevamos los papeles pero no le cobramos por gestión laboral o de cotización sino por sus impuestos. Estos nuevos trámites no son impuestos, sino gestiones administrativas que se cobran aparte«, aseguró Fernando Santiago.

Por lo tanto en «la mayor parte de los casos»  los gestores se van a ver obligados a repercutir y cobrar los trámites extra ligados al nuevo sistema de cotización. «Habrá un pequeño número de gestorías que, por atención comercial o miedo a perder al cliente, decidirán hacerlo gratis. Pero posiblemente sean los menos», apuntó Santiago.

Fuente: La Razón

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) estaría incumpliendo la Ley de Protección de Datos con los trabajadores autónomos. Así lo ha denunciando el Consejo General de los Gestores Administrativos de España, que ha enviado una carta al director general de la TGSS, Andrés Harto, para pedirle que cese el requerimiento obligatorio de información de datos de sus clientes autónomos societarios de los que son «autorizados RED». Alertan los graduados sociales de que ellos «de motu proprio» no pueden facilitar esta información «sin el consentimiento de nuestros clientes». Además, alertan a Harto de que «sin este consentimiento, podríamos estar vulnerando la Ley de Protección de Datos, considerando que no necesariamente podemos disponer de esa información que nos solicitan». Además, le recuerdan que tiene a su disposición esta información en los diferentes organismos oficiales disponibles, por lo que podrían acceder a ella sin tener que solicitarla a los gestores administrativos «forzándonos a incumplir el mandato de confidencialidad de nuestros clientes con sus requerimientos», explica Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo en la carta. Por ello, le instan a que «analice qué parte de la información está ya en poder de algún organismo o dependencia de la Administración y disponga los mecanismos adecuados para disponer de ella de forma automática».

Argumentos

En la misiva, Santiago alude al artículo 28 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento común de las Administraciones Públicas, que señala que «los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección». Al final de la misiva y tras esta exposición, Santiago requiere a la TGSS que «revise los desarrollos realizados por Red.es para el Kit Digital, que puede ser una buena referencia».

Fuentes de la Seguridad Social negaron a LA RAZÓN que se esté vulnerando dicha Ley y recordaron que «la obligación e comunicación de datos de los trabajadores autónomos está regulada en la disposición transitoria única del Real Decreto 504/2022, de 27 de junio». En ella se «regula la comunicación de datos que deben efectuar a la Tesorería General, antes del 31 de octubre de 2023, los trabajadores autónomos que ya figurasen de alta antes de la fecha de la entrada en vigor de esta norma y que, por las peculiaridades de su actividad, deban aportar los datos que en su redacción actual exige el artículo 30.2.b) del Reglamento General de Afiliación a los autónomos que tramitan su alta en la Seguridad Social».

Asimismo, desde el Ministerio incidieron en que «es un trámite necesario para luego poder hacer el cruce de información de la que disponemos de forma correcta. Se aprobó hace casi año y medio y durante todos estos meses se han mantenido continuas conversaciones con los gestores y los graduados sociales para facilitar todo el procedimiento. Se han mantenido charlas de divulgación, se han enviado cartas, y publicado dos Boletines de Noticias Red con este asunto».

Los gestores lo niegan

Los gestores administrativos lo niegan que se hayan mantenido conversaciones ni reuniones de ningún tipo, por lo que acusan directamente a la Seguridad Social de «mentir» al no haberse celebrado ningún tipo de encuentro. «Hace un mes, los directores provinciales de la TGSS tuvieron una reunión para acordar las actuaciones que debían llevar a cabo en este tema de la información de los autónomos y decidieron que tenían que citarnos a los graduados sociales y a los gestores administrativos para explicarnos la situación. Pues bien, todavía estamos esperando porque con ninguno de los 22 presidentes de los colegios de los gestores de España ha sido citados a reunión alguna. Por tanto, mienten descaradamente», espeta Santiago Ollero, que insiste en que «como presidente del Consejo General no he recibido ninguna llamada ni por parte de la Tesorería ni del propio Ministerio. No entiendo porque mienten sobre algo que podemos demostrar».

Remarca Santiago que «si nos hubieran consultado, además de explicarles cómo hacerlo, les habríamos explicado los tiempos necesarios para estos procesos, y no ahora que ya es imposible de cumplir con la norma y van a sancionar a 3,5 millones de autónomos».

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos llevó a cabo a finales de septiembre un nuevo Barómetro con el que se quiere conocer la situación real de los pequeños y medianos negocios. “Llevamos unos cuantos meses en los que se nos quiere convencer de que las cosas van bien, que los datos macroeconómicos así lo confirman”, señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General. “Sin embargo, – continúa-, veremos que los datos microeconómicos no se compadecen en absoluto con la anterior afirmación”.

El Barómetro de los Gestores Administrativos refleja que el 20% de las pequeñas empresas facturan este año menos que el pasado ejercicio, frente a un 32% que factura más. El 21% de los pequeños negocios han cerrado el primer semestre con pérdidas. “Y que no nos confundan, el hecho de que el informe trimestral de la Central de Balances del Banco de España confirme que crecen los beneficios empresariales no se contradice con que muchos pequeños negocios, unos 600.000, cierren el semestre con pérdidas. La suma del resultado de 800 grandes empresas oculta el resultado de decenas de miles de pequeños negocios”, afirma Santiago.

El 20% de los pequeños y medianos negocios siguen con serios problemas de liquidez, frente al 25% que decía el Barómetro en el primer trimestre del año. Esta situación tiene a 90.000 negocios al borde del concurso de acreedores. Según el Barómetro, más de 200.000 negocios podrían desaparecer por los problemas de liquidez y de rentabilidad. “Y una cosa es que los negocios estén al borde del concurso y otra es que presenten el concurso; ya he dicho muchas veces que en España se producen más desapariciones sin liquidación que liquidaciones ordenadas, con concurso o sin él” confirma el presidente de los Gestores Administrativos.

El síntoma más evidente de los problemas de liquidez que atraviesan los pequeños negocios es que el 9% de los mismos (unos 250.000) están recibiendo apremios y embargos por incumplimientos con la seguridad social y hacienda. “Este mes de agosto hemos observado un notable crecimiento de las notificaciones de embargo y apremio; era cuestión de tiempo”, señala Santiago.

Todo esto supone que el 18% de los pequeños negocios trabajen ya fuera del sistema (economía informal), cuando en mayo lo hacía un 15%. “El problema va a más, y eso sin descontar los negocios que ya han desaparecido. Y no busque estas cifras entre las disoluciones y liquidaciones, pues ya he comentado que en España los negocios suelen desaparecer sin informar ni a hacienda, ni al registro ni a nadie”, comenta Fernando Santiago. “Que un porcentaje tan elevado de negocios trabaje fuera del sistema implica un aumento de la competencia desleal que puede generar serios problemas a otras empresas con dificultades”, indica Santiago.

Otro dato que ofrece el Barómetro se refiere a la capacidad de levantarse de algunos empresarios, pues el 18% de los nuevos negocios constituidos lo son por personas que perdieron su negocio anterior como consecuencia de la pandemia.

Preguntados sobre las subidas salariales, el Barómetro informa de que el 24% de los pequeños y medianos negocios han subido los mismos por encima del IPC, frente a un 22% que lo ha hecho por debajo. Un 2% de los pequeños y medianos negocios han sufrido un ciberataque sin que se haya constatado que en ningún caso se haya producido un cierre por esta circunstancia.

En cuanto a los autónomos nos indican que un 23% factura este año menos que el pasado, que un 19% presenta graves problemas de liquidez, que el 8% están recibiendo apremios y embargos por cuenta de la seguridad social y hacienda y que un 6% podría estar al borde de cesar en su actividad a consecuencia de todos los problemas señalados.

Por último, el 67% de los propietarios de los pequeños y medianos negocios querrían movilizarse para defenderse de todos los problemas que les acosan, pero consideran que no cuentan con ningún líder capaz de arrastrarlos o dirigirlos en sus reclamaciones.

“Si uno sigue nuestro Barómetro, hay cifras tozudas, otras que aparentemente mejoran, como son los problemas de liquidez que pasan de afectar al 25% de los pequeños negocios al 20%, pero esa mejora podría deberse al cierre de negocios”, señala Santiago.

“Los negocios no están bien, hay que pensar que la suma de las empresas de nuestro país oculta los datos de los más pequeños, que a su vez son más numerosos, y le pedimos al Gobierno que entre que considere nuestros datos, que conozca mejor a su tejido productivo y que prepare medidas para estos negocios, igual que se ha hecho con los ciudadanos para mitigar sus problemas”, explica el presidente de los Gestores Administrativos, y finaliza indicando que “salvaguardando los pequeños negocios estaremos apoyando al 50% de los empleados del sector privado”.

Fuente: La Razón.es

Una persona pasa una media de 300 días de su vida realizando trámites con la administración pública, según los cálculos del colegio de Gestores administrativos. Con el fin de facilitar precisamente este ahorro de tiempo a particulares y empresas, los gestores han vuelto a acudir a la capital comunitaria para reivindicar su profesión y pedir su homologación en todos los países europeos y una tarjeta única para que poder establecerse en cualquier país del bloque comunitario. Durante el día de ayer se entrevistaron con Sophia Zakari, directora del departamento de Política de empresa y Asuntos Jurídicos de la Comisión Europea y Richard Sonnerscheirn, director de Políticas de Justicia en la Dirección General de Justicia y Consumidores.

El jueves mantendrán un encuentro con la federación europea de asesores fiscales. Se espera que durante estas citas los gestores pongan de manifiesto su papel a la hora de mejorar la digitalización de la economía europea, una de las grandes apuestas de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. Además, los gestores administrativos recuerdan que su profesión resulta clave para que los emprendedores y pymes puedan lidiar con la burocracia en un momento de despliegue de los fondos europeos post- pandemia Next Generation EU.

España es el único país en el que existe esta profesión que se encarga desde matricular un vehículo a tramites más complejos. Según este colectivo, un gestor español realiza el mismo trabajo que 15 abogados en EEUU. De momento, la Comisión Europea ha constatado las dificultades de homologar este profesión, pero ha animado a los gestores administrativos a estrechar la cooperación con otros países en los que algunos colectivos profesionales realicen tareas semejantes.

El presidente de los Gestores administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero explicó en el mes de junio de manera practica en que consiste su trabajo en un acto celebrado en la Eurocámara. En primer lugar, solicitó un certificado digital a través de video personación. Con este documento, pidió un certificado de antecedentes penales por delitos sexuales, que se obtuvo también en un breve espacio de tiempo. Los dos trámites se realizaron con una conexión wifi del parlamento europeo y las aplicaciones disponibles en España. Los gestores administrativos quisieron demostrar la rapidez y eficacia de su trabajo con datos de gran sensibilidad como los antecedentes penales por delitos sexuales.

Este acto contó con la presencia de jefa de la Unidad de Transformación digital de la industria de la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea, Amaryllis Verhoeven, quien incidió en la necesidad de digitalizar los trámites burocráticos en todos los países europeos, si bien no se comprometió a la creación de esta tarjeta europea.

Se prorroga por un periodo de cuatro años más el convenio firmado el 24 de junio de 2019 entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (BOE de 11 de julio de 2019), al amparo de lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Dicho convenio se suscribió para habilitar a los gestores administrativos colegiados para la presentación electrónica de documentos en representación de terceras personas, con el fin de favorecer el cumplimiento de obligaciones y derechos de carácter administrativo por parte de los ciudadanos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Su ámbito material comprendía los trámites de extranjería que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a través de las Oficinas de Extranjería y las Áreas o Dependencias funcionales de Trabajo e Inmigración.

La prórroga estará vigente hasta el 11 de julio de 2027, fecha en la que quedará extinguido a todos los efectos, en aplicación de lo establecido en la cláusula duodécima del convenio de conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Accede al BOE nº 228, publicado el sábado 23 de septiembre de 2023.

El boletín Oficial del Estado, con fecha 19 de septiembre de 2023 recoge la resolución de 11 de septiembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con el
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados y de asistencia en la presentación de solicitudes en formato papel.

Más información:

BOE-A-2023-19690

Si quieres ser tu jefe, si tienes espíritu emprendedor y te gusta ayudar a las personas, tienes que leer con atención las condiciones para poder presentarte a las pruebas de aptitud para acceder a la profesión de Gestor Administrativo”, anima Fernando Jesús Santiago Ollero, Gestor Administrativo y presidente de los Gestores Administrativos de toda España.

Ayer, 27 de julio, se publicó en el BOE la Resolución de 20 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan las pruebas de aptitud para acceder a la profesión de Gestor Administrativo. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Requisitos

Para poder presentar la solicitud, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos:

1. a) Tener la ciudadanía española o de alguno de los Estados siguientes:

• Estados miembros de la Unión Europea.
• Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
• Estados que concedan reciprocidad de títulos académicos y derechos profesionales a los ciudadanos españoles.
• En el caso de ciudadanía de otros Estados, las personas aspirantes deberán acreditar el permiso de residencia en España.

1. b) Tener la mayoría de edad.
2. c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, en el ámbito de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de los demás signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de los países con los que existan convenios de reciprocidad.
3. d) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos:

– Licenciatura en Derecho, en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales o en Ciencias Políticas establecidas por el artículo 6.e. del Decreto 424/1963, de 1 de marzo, de aprobación del Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo.

– Licenciatura del ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, del Derecho y de las Ciencias Políticas que las sucedieron en el extinto Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales de España.

– Máster Universitario implantado al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre o del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad adscrito a la rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculados al ámbito disciplinar de alguna de las licenciaturas requeridas por el Estatuto Orgánico.

– Titulación universitaria oficial obtenida en otros estados que acredite su equivalencia al nivel MECES 3 en el área de conocimientos de ciencias sociales y jurídicas y vinculados al ámbito disciplinar de alguna de las licenciaturas requeridas por el Estatuto Orgánico.

La solicitud se puede presentar de forma telemática o en papel. En la página web del Consejo General se puede encontrar toda la información necesaria para llevar a cabo la inscripción a las pruebas de acceso. También pueden informarse los candidatos en el teléfono del Consejo General: 91 547 15 10.

En la propia web del Consejo General podrás encontrar una herramienta para preparar adecuadamente las pruebas de aptitud.

Una profesión de futuro

A finales de 2022, había colegiados 5.441 Gestores Administrativos en los 22 Colegios Profesionales existentes en toda España. “En esta profesión contamos con un 45% de mujeres y un 55% de hombres. Aproximadamente, el 48% cuenta con estudios de derecho y un 40% son licenciados o graduados en ciencias económicas o empresariales”.

Si los candidatos superan las pruebas de acceso, cualquiera que sea el número de los que la superan, podrán todos ellos colegiarse en el Colegio correspondiente a la zona donde va a ejercer su profesión y, de esta forma, comenzar a prestar servicios como Gestor Administrativo, aprovechando los acuerdos que el Consejo General y/o el Colegio correspondiente han rubricado con la Administración, así como las plataformas exclusivas para Gestores Administrativos que facilitan algunos de sus servicios.

Algunos de los servicios que prestan los Gestores Administrativos a sus clientes son: matriculaciones y transferencias de vehículos, elaboración y presentación de impuestos, gestión de los seguros sociales, gestión de contratos y relaciones laborales, contabilidad, asesoramiento financiero, solicitud de certificados y licencias, gestión de LOPD, igualdad, compliance en general, solicitud de subvenciones, gestiones legales y cualquier trámite ante cualquiera de las Administraciones españolas.

“Nos hemos convertido en una profesión de moda, una profesión con futuro y con alto grado de compromiso y colaboración tanto con su entorno, autónomos, empresarios y ciudadanos, como con la Administración. Si te conviertes en Gestor Administrativo tendrás que colegiarte, someterte a un código deontológico, suscribir un seguro de responsabilidad civil y deberás actualizar de manera permanente tus conocimientos, y a cambio, constituirás tu propio negocio, ofrecerás servicios y productos necesarios para la sociedad, con plataformas exclusivas y con una gran proyección de futuro. Porque tu futuro solo depende de ti”, señala Santiago.

Fuente: Cincodiaselpais.com

Anualmente se producen una serie de cambios a nivel fiscal que autónomos y pymes deben tener en cuenta a la hora de presentar sus declaraciones de IRPF. Desde el portal Jubilación y Pensión avisan de que entre las más destacadas de 2023 se encuentran los nuevos límites para aportar a los planes de pensiones o el aumento de las cuotas de autónomos.

Por un lado, se han modificado los límites de aportación a los planes de jubilación. Esto supone que las ventajas fiscales pueden ascender hasta los 8.500 euros debido al aumento de las deducciones aplicables en 500 euros. No obstante, en el caso de los trabajadores autónomos, estos 500 euros se reducen, limitando sus deducciones individuales a un máximo de 1.500 euros en sus aportaciones personales.

Además de eso, este año se han incremento en las cuotas de los autónomos. En este caso, los autónomos no incorporados a sociedades verán aumentar su base mínima de cotización a 294 euros, en comparación con los 286 euros previos. Los autónomos con forma societaria, esto es, que tienen a su cargo más de 10 trabajadores, experimentarán un incremento de 6,36 euros en comparación con el año anterior.

Ley de Startups

Por otro lado, algunas ventas de propiedades o inmuebles realizadas por autónomos pueden enfrentar un aumento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ya que a partir de ahora se deberá considerar el valor de referencia aprobado por la Dirección General de Catastro como base para el cálculo.

Adicionalmente, en el caso de las empresas involucradas en el alquiler de viviendas, se ha implementado una disminución en su beneficio fiscal, reduciendo su bonificación del 85% al 40%.

La ley de Startups también ha introducido cambios para los emprendedores. En este caso, se ha elevado el límite máximo de la exención de la retribución en especie, pasando de 12.000 euros a 50.000 euros. También se aumenta la deducción por inversión en estas nuevas empresas del 30% al 50%, además se plantea establecer una tributación mínima del 10% en el Impuesto de Sociedades, en comparación con el 15% anterior.

Los expertos también recuerdan que se ha modificado el Impuesto de Sociedades para Grandes Empresas y se ha introducido un tipo mínimo del 15% para aquellas empresas que tengan una facturación superior a los 20 millones de euros.

Resolución de 9 de agosto de 2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica el Anexo VIII de la Resolución de 23 de enero de 2023, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2023

Más información BOPA

Fuente: EuropaPress

Los gestores administrativos de Madrid han denunciado este miércoles que la Seguridad Social sigue «dando la espalda al ciudadano», ya que resulta «imposible» conseguir cita previa para pedir la jubilación y otras prestaciones.

Un nuevo informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), correspondiente al mes de julio del presente año, arroja un mal dato para el citado Ministerio: «En ninguno de los trámites analizados se ha conseguido obtener una cita previa», se critica a través de un comunicado.

Según han relatado los Gestores, el sistema devuelve el siguiente mensaje al intentar conseguir cita: «No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. No obstante, si lo desea, puede volver a intentarlo por el resto de las opciones de búsqueda de cita».

El presidente de los Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha advertido de que, o se toman medidas definitivas o van a continuar estos problemas, salvo en momentos puntuales que pueda interesar dar otra imagen.

«Pero aquí no hay soluciones temporales, o se arregla o no. Y si no se arregla, como se ha demostrado hasta ahora, el sistema no es sostenible y el que sufre es el ciudadano. Y se trata de trámites que afectan a su supervivencia», ha recalcado.