El Barómetro de los gA del mes de septiembre vuelve a arrojar cifras preocupantes para la economía española, que demuestran que la evolución de lo micro nada tiene que ver con lo que se está concluyendo con las cifras macroeconómicas.
Los problemas de liquidez y de solvencia continúan resistentes en el tejido productivo español, que precisa de la toma de medidas urgentes y firmes para ponerles remedio.
Según el estudio, el 26 % de las pymes atraviesan problemas de liquidez. El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda; el 14 % encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27 % de los negocios tienen clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores y el 10 % están en mora con las entidades financieras.
“130.000 empresas, técnicamente en concurso de acreedores”
Si analizamos datos de solvencia, el Barómetro de los gA muestra que el 32 % de las PYMES han presentado pérdidas a 30 de junio de 2021. Según el estudio, solo el 23 % de los negocios están igual o mejor que antes de la pandemia. El conjunto de todos estos problemas les supone a 130.000 empresas que sigan en situación técnica de concurso de acreedores, aunque no estén obligadas a presentarlo como consecuencia de la moratoria concursal.
La consulta de los Gestores Administrativos ha querido conocer el impacto que puede tener la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los resultados indican que 140.000 PYMES se verán obligadas a despedir a algún empleado como consecuencia de la subida. El 42 % de los negocios se están viendo muy perjudicados por la subida del precio de la energía. El 65 % de las PYMES se están sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas.
Todos estos datos provocan que el 41 % de las pequeñas y medianas empresas precisen de ayudas directas, si bien un 29 % no han podido pedirlas por encontrarse dentro de algunas de las restricciones fijadas en el RD Ley 5/2021 de 12 de marzo.
“Si estos datos son, de por si, muy graves, lo que más nos preocupa es que un 18 % de las pymes, más de 500.000, podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema y trabajar en la economía sumergida”, señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos. “Está sería una uy mala noticia para todos”.
“Estoy seguro, continúa Santiago, que la situación va a ir mejorando a medida que desaparecen las restricciones y que los negocios van retomando el pulso a la actividad. Pero esto no va a ocurrir si no se apoya a las PYMES y a los autónomos, con medidas claras, urgentes y contundentes. Seguir pegando una patada a seguir no tiene sentido; se agradecen las prórrogas, moratorias… pero hay que acabar ya con la respiración asistida y conceder las ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de la situación”.
El presidente de los Gestores Administrativos asegura que “todo este período sin ingresos ha tenido que cubrirlo la PYME y el autónomo incrementando el endeudamiento o agotando sus ahorros. Los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha aun no se ha cerrado para muchas empresas”. Santiago señala que “a muchos negocios les va a resultar muy difícil volver a ser rentables en esta situación, por lo que precisan de ayudas que alivien la pérdida de ingresos de estos 18 meses”.
“El Gobierno nos presenta, con euforia, unas cifras de empleo y de afiliación a la seguridad social sin contarnos nada sobre el elevado crecimiento del empleo público y sin contar con las casi 500.000 personas en ERTE o en cese de actividad que, dieciocho meses después de comenzada la crisis sanitaria, no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo”, afirma Santiago.
“Y que nadie piense que los Fondos Europeos Next Generation son la solución, finaliza Fernando Santiago. La confianza de los negocios en ellos es muy baja, como lo demuestra que las pymes puntúan con un 3 sobre 10 su confianza en los mismos. Al final, quedarán para las grandes empresas, que tienen recursos y proyectos suficientes, y no se destinarán a reforzar, en general, el tejido productivo mayoritario de nuestro país: las pequeñas y medianas empresas”.