La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse, y supuestamente para mejorar nuestra vida. Por ello, es obligatorio que la Unión Europea la regule, debido a las implicaciones que puedan llegar a tener.

La normativa ha sido publicada como el Reglamento 2024/1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. La normativa es extensa, y enfatiza en el control de obligaciones y en fomentar tecnologías sostenibles.

Entrada en vigor

Es cierto que la normativa no se aplicará hasta el 2 de agosto de 2026, pero determinadas prácticas de la IA estarán ya prohibidas desde febrero de 2025, además de que habrá un sistema de gobernanza de la IA en Europa, arsenal sancionador por incumplimiento, y organismos reguladores de la IA.

• Las prohibiciones de determinadas prácticas relacionadas con la IA serán ya aplicables a partir del 2 de febrero de 2025.
• Las previsiones relativas a los organismos notificados, a los sistemas de IA generales pero que implican riesgos sistémicos, al sistema de gobernanza de la IA en Europa y buena parte del arsenal sancionador serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2025 (con lo que la base organizativa estará ya lista para cuando sea exigible el conjunto más sustancial de obligaciones).
• Será aplicable a partir del 2 de agosto de 2027 la regulación de ciertos sistemas de IA de alto riesgo (los que sean componentes de seguridad de ciertos productos o constituyan en sí mismos dichos productos caracterizados por requerirse una evaluación de seguridad para su comercialización o puesta en servicio -por ejemplo, máquinas, juguetes, ascensores o productos sanitarios-).

Protección de datos

No debemos olvidar que la IA es un riesgo brutal a nivel de protección de datos. Al fin y al cabo, las IA “aprenden”, pero la gran pregunta es si aprenden respetando protección de datos o no. No es lo mismo que una IA utilice los datos de todos los usuarios para “saber cosas”, que no los utilice.

Si no los utiliza, la IA será menos efectiva, pero será más respetuosa con la normativa europea. Su aplicación objetiva es la definición de lo que debemos entender como inteligencia artificial, y deja fuera pocas cosas.

Ámbito de aplicación objetivo

En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, el Reglamento parte de una amplia definición de lo que se ha de entender por IA y deja fuera de su ámbito de aplicación sólo algunas manifestaciones concretas de estos sistemas.

Queda fuera la aplicación de la IA para fines militares, también los sistemas que vaya a tener como finalidad desarrollo científico. Por consiguiente, se trata de regular los sistemas de IA, para fines comerciales y de servicios, pero queda fuera la investigación científica, militar, seguridad nacional, etc.

Mecanismos de control

Como mecanismos de control, hay tres niveles de riesgo definidos por el Reglamento. Tenemos el Riesgo inadmisible, que es lo que quedará prohibido y que va contra la UE y su normativa. Por ejemplo, sería la puntuación social, las técnicas subliminales, el aprovechar la vulnerabilidad de las personas, categorizarlas biométricamente o reconocer emociones, sobre todo si no es en ámbito privado.

Luego tenemos el alto riesgo, que incluiría todos los sistemas con IA que implican juguetes, ascensores, vehículos de motor, etc. y también los sistemas de seguros de vida y salud, clasificación crediticia de las personas, promoción, despido de personal, etc.

En cuanto al alto riesgo hay mucha clasificación y es muy extenso, debido a la materia que es muy abstracta. Por último, tenemos el riesgo bajo, que son los límites donde la IA puede desarrollarse tranquilamente, pero por supuesto con arreglo a la normativa vigente, y sometido a régimen de obligaciones de información. Podrán adherirse a códigos de conducta de la UE.

Conviene tener en cuenta que los sistemas generales de IA, como CHAT GPT o GEMINI, entrañan riesgos sistémicos, pueden causar accidentes graves, ser utilizados indebidamente, ser utilizados para ciberataques, etc.

Estructura administrativa de control y régimen sancionador

Se diseña una estructura administrativa de control y régimen sancionador, de hecho, en España ya tenemos la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto), que debe inspeccionar, comprobar y sancionar en caso de mal uso.

A nivel europeo, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial será el organismo de control al que corresponden importantes funciones.

Atención. Las multas por infracciones del Reglamento de Inteligencia Artificial se han fijado como un porcentaje del volumen de negocios anual global de la empresa infractora en el ejercicio financiero anterior o un importe predeterminado, si este fuera superior, y pueden llegar hasta los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios anual total a escala mundial del infractor durante el ejercicio financiero anterior, si este importe fuera superior.

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, Javier Blanco-Cuesta Alegría, analiza en una entrevista publicada por el diario regional La Nueva España algunas de las inquietudes y necesidades del colectivo de gestores administrativos. Asimismo, aborda asuntos de interés general relacionados con la economía y el sector empresarial de esta región. Leer entrevista

Los Gestores Administrativos, a instancias de su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, han llevado a cabo un ejercicio para calcular lo que podría costar a las empresas reducir la semana laboral hasta las 37,5 horas.

Para realizar el cálculo, los Gestores Administrativos han utilizado como ejemplo el de una empresa media con 4,5 empleados. Cuatro de los empleados trabajan a jornada completa y uno de ellos trabaja 4 horas, media jornada, en una semana laboral de partida de 40 horas.

La empresa del ejemplo, una fábrica que requiere estar produciendo 12 horas diarias (bien podría ser otro tipo de compañía, como un comercio, un hostal, un concesionario…) y debe haber tres personas a la vez en la empresa trabajando. Si consideramos las doce horas de apertura diaria por cinco días a las semana y 3 personas de forma permanente atendiendo las necesidades de la empresa, podemos calcular que se precisan 180 horas de trabajo a la semana.

Si dividimos las 180 horas semanales entre 40 horas semanales por persona, la empresa precisa las 4,5 personas (4 a jornada completa, 1 a media jornada). Los Gestores Administrativos, con objeto de simplificar el ejemplo, asumen que cada empleado cobra el Salario Mínimo Interprofesional, esto es, 15.876 euros al año, ascendiendo los costes sociales a 1.748 euros por año y trabajador. En definitiva, cada contrato laboral tiene un coste para la compañía de 17.624 euros al año. Si multiplicamos este importe por 4,5 personas, el coste anual se eleva a 79.308 euros al año de costes laborales para la empresa tipo española.

Si ahora la semana laboral se reduce a 37,5 horas, el resultado de dividir 180 horas por semana entre 37,5 horas por trabajador, el número de trabajadores que se precisan es de 4,8 personas. Esto significa que el contrato de uno de los trabajadores pasará de media jornada a un 80% de jornada. Procedemos a multiplicar el coste por contrato completo, 17.624 euros anuales, por 4,8 contratos y el resultado asciende en este caso a 84.595,2 euros de costes laborales anuales totales.

El coste para nuestra empresa tipo se habrá visto incrementado en 5.287,2 euros al año, un 6,7% más que antes de la reducción. Si lo multiplicamos, en números redondos, por 2,9 millones de empresas, el incremento será de 15.332,9 millones de euros para todo el tejido productivo. Cada media hora de reducción, el impacto a las empresas es de unos 3.000 millones de euros.

“Este es un cálculo de mínimos, pues tendríamos que considerar que habría más vacaciones, por lo que habría que cubrir más horas que no hemos tenido en cuenta”, afirma Santiago. “Además, es difícil encontrar empresas que paguen a todos sus trabajadores el SMI, por lo que, insisto, estamos hablando de una cantidad mínima”, sentencia el presidente de los Gestores Administrativos.

Según los Gestores Administrativos, la reducción de la semana laboral puede producir otros efectos, como que se incrementen las horas extraordinarias convirtiendo a éstas como un “sustituto perfecto” de las horas ordinarias. También se podría producir en algunos sectores un incremento de la economía sumergida, en aquellos casos donde los controles horarios y la monitorización por parte de la inspección no hagan posible sustituir la masa de horas ordinarias faltantes en extraordinarias.

“¿Podría incrementarse la productividad por hora efectiva de trabajo?”, se pregunta Fernando Santiago. “Todo dependerá de si hay automatización de ciertas tareas, pero esto podría llevar al despido de empleados. El resultado final no sería bueno para nadie”, cierra Santiago.

Fernando Santiago finaliza pidiendo a la ministra de Trabajo y al Gobierno que “si quieren reducir la semana laboral, compensen a las empresas este sobre coste, bien con menos cotizaciones sociales bien ajustando el SMI”.

En el tercer mes de la Campaña de la Renta 2023, llegan tres fechas importantes; el inicio de la presentación en oficinas, la fecha límite para domiciliar la Renta con resultado a ingresar y el final del plazo para solicitar cita para la atención presencial.

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