Los Gestores Administrativos conocen bien la situación de los pequeños y medianos negocios (autónomos y empresas). Disponen de información segregada de los datos de las grandes empresas con la que otros agentes sociales no cuentan. Por ello, su presidente solicita de los agentes sociales y del Gobierno que no frivolicen en aspectos importantes para su supervivencia, como es el caso de la reducción de jornada, y como lo es el Salario Mínimo Interprofesional, así como la creciente burocracia que se les exige, sin reparar en sus limitaciones de recursos.

En una nota de prensa emitida el pasado 10 de julio, los Gestores Administrativos calculaban que la medida de reducir de 40 a 37,5 horas semanales la jornada conllevaría un incremento de costes laborales en un mínimo de 15.000 millones de euros. El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, indica que “el coste calculado es mínimo y siempre que los negocios puedan soportar contratar nuevo personal o ampliar la jornada de trabajadores a tiempo parcial, pues muchos se van a ver abocados al cierre”.

“Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que se sienten las partes a negociar teniendo los números claros desde el principio. Y que el sobrecoste que va a suponer la medida se repercuta entre todos los actores. Ahora el Gobierno se descuelga con una medida cuyo coste total se eleva a, según sus cifras, 350 millones de euros y con un alcance de 470.000 negocios con menos de 5 trabajadores”, señala Santiago.

“El Gobierno y los Sindicatos se quejan de que las patronales no están contentas… como para estarlo”, afirma Santiago. “¿Ustedes se han dado cuenta que Red.es, con fondos europeos, ha otorgado ayudas a 485.000 empresas y autónomos, con un importe total de 2.000 millones de euros?”, continúa el presidente de los Gestores Administrativos. “¿Pero tenemos claro donde se han invertido esos millones y el efecto mejora que le ha supuesto a todos esos negocios?”, señala Fernando Santiago.

“¿De verdad extraña que, con un coste de 15.000 millones anuales, mínimo, con la espada de Damocles del cierre de muchos negocios, cuando solo a Nissan para los algo más de 3.000 empleados se le otorgaron 180 millones de euros de ayudas poco antes de cerrar la planta de la Zona Franca?”, indica Santiago. “Los 350 millones de euros que ofrecen no dejan de ser migajas a corto plazo, solo para el primer ejercicio, que no cubre a todas las empresas, generando una nueva discriminación entre unas y otras que no es de recibo”, continúa el presidente.

“Y, por si fuera poco, señala el presidente del Consejo General, le ponen fecha y advierten de que, si el 11 de noviembre no se han plegado las patronales a sus deseos, todo lo ofrecido desaparece. ¿Pero en que patio de Colegio creen que estamos? Si no admites mis normas me llevo el balón”, asegura Santiago.

“La semana que viene daremos nuevas cifras de nuestro Barómetro, donde informaremos de la situación de los pequeños y medianos negocios. ¿Cuántos datos reales sobre éstos tienen los Sindicatos y el Gobierno? Incluso ¿cuántos están en manos de las patronales? Negociar a ciegas es un error. Imponer es un error. Falta flexibilidad, conocimiento y empatía por esos pequeños y medianos negocios que resisten como pueden y que se ven inmersos en peleas que no son las suyas”, afirma el presidente de los Gestores Administrativos.

Santiago concluye con una petición al Gobierno y a los agentes sociales que se sienten a negociar, no a imponer, con datos fiables y con vocación de alcanzar un acuerdo por el bien de todos estos negocios y por los millones de empleos que dependen de ellos, “porque los negocios necesitan incentivos, no ultimátums”.