La larga duración de la crisis sanitaria ha prolongado y hecho más profunda la crisis económica derivada, en un primer momento, por el cierre total de los mercados durante 3 meses y, después, por las restricciones de movilidad y confinamientos selectivos que se han ido acordando para tratar de mitigar los problemas sanitarios derivados de COVID 19. Desde hace meses, y como consecuencia tanto del profundo conocimiento que tienen de las PYME como de su barómetro, los Gestores Administrativos han venido identificando los problemas por los que están atravesando una gran parte de nuestras pequeñas y medianas empresas.

Desde hace dos meses, en el seno del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos vienen trabajando tres grupos enfocados a poner sobre la mesa (“esperemos que no terminen durmiendo en un cajón de la Administración”, comenta el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago) herramientas que permitan superar la crisis a gran parte de las empresas, que han contado con la dirección del presidente del Consejo General, Fernando Santiago. Laboral, Financiero/Fiscal y Digitalización de la Administración son los tres grupos constituidos, liderados por Javier San Martin, Abogado experto en temas laborales, Juan Iranzo, economista experto en temas financiero/fiscales, y Ramón Ledesma, experto en el funcionamiento de los trámites de la Administración. Además, se ha contado con presidentes de diferentes Colegios de Gestores Administrativos, como Pilar Otero, María Teresa Gómez, Isabel Motas, José Manuel Mariño, José Pérez de las Bacas y Carlos Rodríguez. Los grupos han contado con el apoyo de otros expertos y se realizó un estudio consultando a los más de 6.000 Gestores Administrativos de toda España.

“Quiero dejar muy claro que las medidas necesarias para las PYME no son las mismas que para las Grandes Empresas, al menos, no en todos los casos”, indica Santiago. Por ello, los Gestores Administrativos solicitan a los gobernantes y a los agentes sociales que negocien teniendo en cuenta los elementos diferenciales.

El resultado arrojado por el trabajo de los grupos pone encima de la mesa medidas microeconómicas, sin querer entrar en aspectos macroeconómicos. Y estas soluciones, divididas por grupo de trabajo, son:

Medidas para mejorar la digitalización de la Administración

 Creación de dos figuras institucionales:

1. Comisionado para la transformación digital de la gestión administrativa, figura transversal a todos los Ministerios.
2. Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación.
3. Creación y diseño de un cuadro de mando general de tramitación administrativa que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución.
4. Elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
5. Generar la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa (presunción de representación, exigencias, controles…).
6. Crear la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.

Medidas de carácter Laboral

7. Creación de una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos. Coordinación de Gestión Documental.
8. Crear transitoriamente en los Juzgados de lo Social un refuerzo procesal en cada sede judicial con Juzgado de lo Social, que conozca de las cuestiones derivadas del COVID19, y especialmente de los ERTE. De tal manera que cuando estos ERTE finalicen desaparezcan también estos Juzgados de refuerzo.
9. Crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTE con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo. A la vez, la comisión debería proponer las interpretaciones a las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales. Adicionalmente, y dado que la transitoriedad de la norma se ha convertido casi en una situación estructural, determinados aspectos, como la protección del empleo, aprobados en base a esa transitoriedad han de ser reconsiderados.
10. La derogación del art. 23 del RDL 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores.
11. Impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
12. Pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica. Por ejemplo, como elemento que determine el fin de esa situación, establecer el paro en niveles anteriores a la pandemia.
13. Potenciar la contratación (indefinida o no). Contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. Mejorar las ayudas a las nuevas contrataciones (que están siendo demasiado cambiantes).
14. Flexibilización de los ERTE, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales o como autónomos, por ejemplo.

 

Medidas financiero-fiscales que mejoren la liquidez de las PYME

 

15. Análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19. Adaptar las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria. Eliminar en la ampliación del plazo de carencia y de la amortización la obligación de estar al día con hacienda y con la seguridad social. Analizar la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital. Establecer instrumento de naturaleza público-privada para que los bancos de inversión y los fondos de inversión ayuden a las PYME a salir de la crisis. Agilizar los pagos de la Administración, que ahogan a las PYME. Respetar los plazos de los pagos a proveedores, que para la Administración están establecidos en un máximo de 30 días.
16. Diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las PYME, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses. Además, hay que reformular los límites en los diferimientos para no solicitar avales adicionales y ajustar fraccionamientos a plazos realistas para el pago de estos.
17. Se debería reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación, como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, no se debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Bajar el IVA de la energía. Deberían quedar también exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la COVID 19. Analizar bonificaciones y deducciones para personas y negocios afectados por la pandemia (se adjunta anexo con relación de medidas).
18. Hay que mantener el impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son PYME. En caso de no poder retrasar la entrada en vigor del cambio de cálculo de este impuesto (en base a las emisiones de CO2), analizar ayudas al sector para minimizar el aspecto negativo de esta medida.
19. Asimismo, es completamente inadecuado el tipo de intereses legal que se aplica del 3,75% para los retrasos en los pagos. Para las PYMES este no debería ser superior al 1,75 %.
20. Creación de una cuenta corriente tributaria para que las PYME puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas.
21. Es necesario reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de las PYME. Crear un registro de empresas en pre-concurso. Agilizar, en general, los procesos judiciales pues de lo contrario ¿estamos hablando de justicia? Aclarar la ley de segunda oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia.
22. Consideramos necesario profesionalizar la gestión de tesorería de las PYME. Se propone que desde la Dirección General de Industria y de la PYME se cree una línea de subvenciones destinada a que las PYME puedan contratar servicios externos que les faciliten dicha profesionalización. Estas subvenciones se pueden dirigir también a la reestructuración operativa que ayude al negocio a ser más eficiente.
23. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras han endurecido sus criterios para aprobar operaciones con las PYME. Entre otras, líneas de confirming, factoring y otros productos que permitan movilizar las facturas emitidas por los clientes de las PYME. Debido a la situación actual, en el que gran parte de las PYME van a presentar resultados negativos, aún será más complicado conseguir la aprobación de dichas líneas, salvo que cuenten con una póliza de seguro que pague aquellas facturas anticipadas por los bancos y no pagadas por los clientes. Se propone que se subvencionen los seguros de cobro para este tipo de instrumentos, de forma que se facilite su aprobación por parte de los distintos departamentos de riesgos de las entidades financieras.
24. A menudo, se producen siniestros de distinto tipo que cuentan con un seguro contratado por la PYME que ha sufrido el mismo. El retraso en su cobro suele implicar problemas para la liquidez de la PYME, por lo que se propone la creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para evitar dichos problemas de tesorería.
25. La diferente regulación en cada Comunidad Autónoma, así como los cambios legislativos que generan falta de seguridad jurídica de cara a las actividades afectadas por dichos cambios, provocan la huida de las inversiones de los sectores afectados, así como las dudas de los mismos respecto a las implicaciones de dichas inversiones según la Comunidad Autónoma en la que se realicen. Por ello, es importante profundizar en la Unidad del Mercado y facilitar la seguridad jurídica mediante una normativa estable que no cambie las condiciones por las que los inversores tomaron su decisión.

Anexo de medidas fiscales para incentivar la inversión y el consumo y colaborar con las necesidades de liquidez de personas y negocios:

Medidas vinculadas al IRPF:

• Proteger la deducción de maternidad para todas aquellas madres que hayan estado o estén en ERTE. Con la norma actual, las madres en esta situación son consideradas como sin empleo y no tienen derecho ni a la deducción ni a los gastos de guardería.
• No computar como segundo pagador el Estado para todas las personas que estén en ERTE de Fuerza Mayor, a los efectos de estar o no obligados a hacer la declaración del IRPF. Con la normativa actual, mucha gente va a verse obligada a realizar la declaración del IRPF por tener dos pagadores. Al ser uno de ellos el SEPE y no tener retención, su declaración va a salir a pagar, lo que puede convertirse en un nuevo desastre para estas personas.
• Para arrendadores de vivienda (Personas Físicas) y para los arrendadores de locales que hayan accedido a reducir su alquiler, podría establecerse una exención fiscal mayor que la actual del 60% a la hora de declarar sus rendimientos.
• Para todas aquellas personas que estén en un ERTE o hayan sido despedidos como consecuencia de los efectos de COVID19 y, por falta de recursos, hayan tenido que vender activos (Acciones, Fondos de Inversión, Inmuebles, etc.), bonificar la ganancia patrimonial en caso de haberla obtenido. Si en la venta de los activos han producido pérdidas, incrementar el período para compensar estas pérdidas a 8 años, en lugar de los 4 años actuales.
• Para las pérdidas que va han generado en 2020 como consecuencia de COVID19 y las que previsiblemente se van a generar en 2021, ampliar para las personas físicas a 8 años el plazo para compensar las pérdidas.
• Para autónomos y pequeños empresarios que han tenido que utilizar de forma intensiva sus hogares para trabajar, ampliar el tope del 30% del gasto deducible por suministros (luz, agua, gas…).
• Aplicar la libertad de amortización de activos sin necesidad de justificar ningún requisito concreto, simplemente de forma excepcional por COVID19.

Medidas relativas a IVA:

• En el caso de impagados, flexibilizar las condiciones para recuperar el IVA y facilitar la devolución en cualquier trimestre del año, no sólo en el último.
• En cuanto al importe sin IVA no cobrado de una factura, aplicar a elección del empresario el criterio de cobro para los ingresos a declarar, no el criterio de devengo de la operación. Esto es, excepcionalmente, no declarar las facturas no cobradas.

Sucesiones y Donaciones

• Bonificar el Impuesto de Donaciones en un 99% a nivel Estatal para aquellas personas especialmente afectadas por la pandemia, con independencia de que la donación provenga o no de ascendientes, descendientes o cónyuges (que es donde existe la bonificación actualmente en algunas Comunidades).

Varios

• Bonificación en los Impuestos Municipales (IBI, Impuesto Municipal de Vehículos y Plusvalía Municipal) para las familias afectadas por COVID19.

Transmisiones

• Aplicar un tipo reducido en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para todas aquellas operaciones de transmisión que tengan como vendedor a una persona afectada económicamente por la crisis de COVID19.

Locales

• Bonificar o ampliar en dos años el plazo del pago del Impuesto de Sucesiones y en la Plusvalía Municipal para hechos impositivos que se hayan producido en 2020 y 2021 para sujetos pasivos afectados económicamente por los efectos de la pandemia.