El Consejo General de Gestores Administrativos ha realizado reciente una encuesta entre los profesionales del gremio de la que se desprende un incremento de la morosidad en los próximos meses. «Los Gestores Administrativos pisamos la calle de forma permanente, trabajamos codo con codo con pymes y autónomos, con ciudadanos en general, lo que nos permite conocer, incluso de forma anticipada, lo que acontece en la economía real. Por ello, hemos llevado a cabo una encuesta entre nuestro colectivo, de cara a recabar su opinión y tener una visión general de la situación actual y de lo que nos espera”, afirma Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. La encuesta ha tenido lugar entre los días 5 y 8 de octubre.

El primer aspecto destacado de la encuesta son los problemas de liquidez que está generando la pandemia a los negocios. A la fecha de la consulta, el 82% de los Gestores Administrativos manifiestan que todavía sus clientes no han recuperado el nivel de ingresos pre Covid, lo que supone una clara reducción de la capacidad de pago. El 79 % de los Gestores Administrativos (GA) manifiestan que sus clientes han precisado liquidez adicional como consecuencia de la caída de los ingresos. Consultados sobre el acceso de sus clientes a las ayudas promovidas desde ICO, tan sólo el 36,7 % afirma que sus clientes lo han conseguido con facilidad, frente al 57,4% de los GA que manifiesta que sus clientes no han tenido un acceso fácil a las mismas.

Según el 56% de los GA sus clientes están teniendo problemas de cobro, frente al 28% que señalan que sus clientes no los están teniendo. Para el 86% de los GA que afirmaron que sus clientes tenían problemas de cobro, estos problemas van a afectar gravemente a sus clientes. Así las cosas, el 83% de los GA consideran que sus clientes tendrán problemas de liquidez en los próximos meses. El 91% de los GA prevé un incremento en la morosidad de pymes y autónomos.

“Con estos datos”, señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos, “nos preguntamos donde han quedado los más de 100.000 millones que anunció el Gobierno como inyección de liquidez a autónomos y empresas para cubrir los efectos de la pandemia”. “Es evidente que algo ha fallado, y que las necesidades de liquidez siguen siendo evidentes y urgentes. Esperamos que se tomen medidas de forma rápida y que para su aprobación se consulte también a los beneficiarios de las ayudas y a sus gestores”, remata Santiago. ”En estos momentos, observamos una falta de apetito crediticio por parte de las entidades financieras, lo que está suponiendo mayores dificultades para acceder a liquidez por parte de los negocios, incluso considerando que las operaciones vienen avaladas hasta en un 80% por parte del ICO”, remata Santiago.

“Con esta encuesta hemos querido compartir con nuestra sociedad y con nuestros gobernantes la distancia que existe entre lo que legislan y lo que llega, así como las numerosas dificultades que a menudo existen para una correcta aplicación de las medidas acordadas”, continúa el presidente de los Gestores Administrativos.

Según los resultados de la encuesta, un 46% de los Gestores Administrativos consideran los ERTE como una herramienta que ha sido y seguirá siendo básica para disminuir el número de despidos. Sin embargo, otro 46% considera que ni lo ha sido ni será fundamental para evitar los mismos. “En nuestra opinión, o se complementan los ERTE con otro conjunto de medidas de apoyo a los negocios o no hay quien pare la caída de negocios y de despidos; ya se están produciendo, pero creemos que esto no ha hecho más que empezar”, continua Fernando Santiago, quien señala que “no podemos seguir perdiendo el tiempo con discusiones hasta el extremo y hay que poner una batería de medidas a corto plazo que permitan mantener abiertos los negocios y sostener el empleo real, y no el empleo fantasma, como hasta ahora”.

Es importante considerar la contestación a esta cuestión con la pregunta de si se deben solo renovar los ERTE de determinados sectores, como la hostelería y el turismo. El 61% de los GA afirma que no, frente al 35% que indica que sí.

El 79% de los GA tampoco considera que sólo se deban salvar de la crisis aquellas empresas que se consideren rentables/viables”. El 15% opina que si, si bien señalan que deben ser los propios empresarios, sus organizaciones empresariales, los auditores o aquellos que conocen sus estados financieros quienes deben proponer la continuidad o no del negocio.

Según los GA, las herramientas que debe utilizar la Administración para apoyar a los negocios son: la flexibilidad/facilidades en los impuestos, según el 90% de los GA; la flexibilidad para ajustar plantillas en base a las necesidades actuales es otro mecanismo básico para el 70% de los GA. Reducir los seguros sociales, es fundamental para un 58% de los GA, un 52% apuesta por las subvenciones y un 46% afirma que hay que inyectar liquidez.

“A menudo nos preguntan sobre qué debería hacerse para mejorar la situación. En el tema de los impuestos queremos proponer una acción: que la Administración compense pérdidas derivadas de COVID19 con reducciones en los impuestos; no necesariamente toda la reducción en el mismo año, si no que se puede establecer un calendario. De esta forma, inyectamos liquidez en las compañías”, indica Fernando Santiago.

La encuesta también preguntaba a los GA sobre la disposición adicional sexta del RD que regula los ERTE por fuerza mayor, referente a la protección del empleo. El 53% considera que debería procederse a su derogación, frente a un 32% que aboga por su mantenimiento.

En opinión de Fernando Santiago, los ERTE “están siendo una medida imprescindible para mantener a las empresas en marcha, pues muchas no hubieran podido pagar a sus empleados y hubieran tenido que cerrar ya. Creemos que es una medida que debe prorrogarse en tanto se recupera el nivel de ingresos y se completa con otras medidas urgentes”.

En cuanto a los concursos de acreedores, el 11% de los GA consultados indica que sus clientes ya están presentándolos, frente a un 84% de GA que no cuenta con ningún cliente que haya presentado el concurso todavía. “Siendo éste un tema importante, creemos que no es el momento aún de los concursos. No presentar en este momento el concurso no tiene mayor transcendencia jurídica, por el cambio normativo que permite no hacerlo hasta el próximo. Si tienes el personal en el ERTE; te acoges a moratoria de alquileres; no le pagas a Hacienda y a la Seguridad Social, ni a tus proveedores, no pasa nada. Y en este tiempo, pueden tomarse medidas que den aire a los negocios en dificultades”, señala Fernando Santiago. “Están gran cantidad de concursos gestándose, que estallarán durante el primer trimestre del próximo año y que, desafortunadamente, arrastrará a numerosas empresas que no podrán cobrar de sus clientes concursados”.

“Con todo ello, estamos generando empresas fantasma, aquellas que aparentan funcionamiento pero están al borde de la desaparición pero que no lo hacen por si en el último minuto adopta el Gobierno alguna medida de apoyo que las salve, y trabajadores fantasma, que son los empleados de éstas y muchos de los que están en ERTE pero que se ve difícil que vayan a reincorporarse a sus empleos”.

En cuanto al sistema tributario, impuestos, tasas y seguros sociales, el 86% de los GA considera que no está facilitando la continuidad de los negocios, mientras el 10% considera que si. Lejos de mitigar la falta de liquidez, los GA observan un incremento en las actuaciones inspectoras, según el 68% de los mismos.

“La Administración no ha tenido en cuenta la grave situación de iliquidez por la que atraviesan las empresas, no se ha adaptado el cobro de los tributos a la menor generación de ingresos por parte de los negocios. Consideramos que se deberían haber concedido verdaderas facilidades en los pagos y que la gestión debería haber sido menos caótica de lo que ha sido, como fue aprobar un día antes del vencimiento de la declaración de IVA del primer trimestre la suspensión por un mes del calendario fiscal”, en opinión del presidente de los Gestores Administrativos.

El 82 % de los GA opinan que las administraciones no están entendiendo y, en consecuencia, procurando resolver los problemas de las pymes, frente al 13,5 % que consideran que si los están entendiendo. Un 85 % considera que las administraciones no están entendiendo y, en consecuencia, intentando resolver los problemas de los autónomos, por el 11, 5 % que si lo considera.

Preguntados los Gestores Administrativos sobre qué actuaciones son prioritarias en este momento en las administraciones el 78,4 % entiende que las administraciones deben acelerar su proceso de digitalización, frente a un 9 % que considera que no es preciso. El 52,6 % opina que deben incrementar los recursos puestos a disposición de los funcionarios, frente al 9 % que considera que hay que disminuirlos. Por último, el 48 % cree que se debe reducir el personal de las administraciones, frente al 30 % que considera que se debe incrementar.

Para Santiago, “las administraciones deben afrontar, ahora si de verdad, el proceso de digitalización de, al menos, los trámites esenciales para que una sociedad no quede paralizada, como nos ha pasado”. “Y para ello, pueden contar con nosotros, como ya venimos haciendo cuando se nos llama para ello”, indica el presidente de los Gestores Administrativos.

El 62 % de los GA afirma que la Administración General del Estado no tiene vocación de servicio público, frente al 24,5 % que sí lo considera. El 55 % de los GA opina que las administraciones autonómicas no tienen vocación de servicio público, frente al 35 % que entiende que si lo tienen. Por último, el 40 % de los GA creen que las administraciones locales no tienen vocación de servicio público frente al 49 % que considera que si la tienen.

“Sólo un comentario”, señala Fernando Santiago, “las administraciones han de hacer un esfuerzo para escuchar a los ciudadanos, a la sociedad, para quienes trabajan”.

Preguntados los GA sobre la Ley del Teletrabajo, el 35,7 % considera que va a ser positiva para los negocios, frente a un 47 % que considera que no lo será. El 46 % de los GA cree que será positiva para los trabajadores afectados por la misma, frente al 36,5 % que considera que no lo será.

“En opinión de los Gestores Administrativos, quedan muchas cosas por hacer. La situación es difícil y todo apunta a que, si no se cambian cosas, va a empeorar. Ahora bien, estamos a tiempo de tomar medidas que traten de mitigar los problemas. Van a llegar ayudas de Europa. Y contamos con el esfuerzo de los empresarios y autónomos”, afirma Fernando Santiago. “El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos va aponer en marcha tres grupos de trabajo para tratar de proponer acciones encaminadas a mejorar la situación, y estamos abiertos a contar con todos aquellos que se quieran sumar a la iniciativa”, finaliza Santiago.