Fernando Santiago es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España y miembro de la junta directiva de la patronal CEOE. Recientemente estuvo en Tarragona, invitado por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona y ha hablado sobre la situación económica de las Pymes de cara al otoño en el Diario de Tarragona. Te dejamos la entrevista íntegra a continuación. 

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¿Qué es un gestor administrativo y cuáles son sus funciones?

La función fundamental es que somos profesionales que nos dedicamos a la gestión entre el administrado y la Administración Pública. Nuestra ventaja es que somos multidisciplinares, e intermediamos en cualquier trámite.

¿Cualquier trámite administrativo, sea el que sea?

Cualquiera. Hoy en día, salvo el DNI y el pasaporte, donde la ley exige presencia física del ciudadano, mediante la firma digital, al ser autoridades de registro, podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un certificado de no estar incurso en un delito de carácter sexual, o para opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hemos sido unos grandes desconocidos hasta la llegada de la pandemia, cuando se nos declaró actividad esencial.

¿Qué sucedió?

En una semana, los gestores administrativos llegamos a tramitar el 70% de los ERTE de todas las pymes del país. Hacemos más del 60% de las escrituras bancarias, un 90% de los trámites de tráfico y más del 70% de las nóminas, seguros e impuestos, muy por encima de los graduados sociales. Además, el 80% de los gestores administrativos somos también abogados.

Los ERTE y los créditos ICO mantuvieron a flote el empleo y las empresas durante la pandemia. ¿Qué nos espera en otoño?

El otoño que llega, viene muy calentito, muy malo. Septiembre empezará en caída libre, y en cuatro o cinco meses vamos a tocar fondo, no tendremos recuperación.

¿Cómo?

No vamos a llegar a recuperarnos hasta 2025. Todo esto, con la consecuencia inicial de la pandemia, se traduce en una gestión no muy afortunada de los poderes públicos. Los ICO se dieron a la banca, y ese fue uno de los mayores errores que se podían cometer.

¿Por qué?

Porque los créditos se dieron a perfiles preconcedidos, y no a quien más los necesitaba. Luego, en dos o tres meses, es cuando llegaron a las pymes. Y ahora, a la práctica, la banca no hace más que poner dificultades a la renovación voluntaria de esos ICO, que está cambiando a préstamos ordinarios. Respecto a los ERTE, si bien es cierto que funcionaron muy bien los primeros seis meses, no lo hicieron tanto después, con la creación de empresas fantasmas o zombis. Y las subvenciones también han fallado. Hay un desconocimiento absoluto desde los poderes públicos de lo que es una pyme.

Entre las condiciones que la Comisión Europea impone al Reino de España para autorizarle a gestionar fondos del instrumento Next Generation EU está la reforma de la Administración Pública. ¿Cómo avanza ese proceso?

Hay cierta voluntad, pero lo primero que hay que hacer es digitalizar la burocracia, recordando, además, que lo único peor que la burocracia en papel es la burocracia digital. Porque esto no va de poner máquinas e Internet, sino de atender al público en condiciones. Al final, la discusión no son los tres minutos que como máximo deben tardar en cogerte el teléfono, sino los 180 días que tarda la Administración en resolver. Mientras no solucionemos esto último, no va a servir de nada digitalizar. Es lucro cesante de la empresa por los tiempos que tardas en poder constituirte, por ejemplo. Es servicio, empatía y resolución. No basta con poner ordenadores nuevos, escáneres e Internet.

Ha analizado cómo hemos llegado hasta aquí, pero no por qué cree que «septiembre empezará en caída libre». ¿Lo puede explicar?

Porque, a todo lo que le he comentado, se añade la crisis de los stocks y las materias primas, con efecto tsunami, luego la crisis energética y, por último, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un cóctel molotov que afecta sobre todo a la pyme, y sin que el Gobierno lo ataje. Cepyme calcula que en España hay actualmente unas 100.000 empresas en peligro de extinción. Y van a desaparecer cerrando sin más, porque la nueva ley concursal no ha sido aprobada. Es decir, no pagarán a otros. Reclamar en un juzgado es caro. ¿Y qué pasa cuando te dejan a deber 1.000 o 2.000 euros?

¿Que se dan por perdidos?

Un abogado y un procurador te cuestan más que esa suma. Luego está la cuestión del empleo, donde se ha incrementado brutalmente el número de contratos indefinidos.

¿Y eso no es algo positivo?

Pero es que han bajado las horas efectivas de trabajo. La primera traducción es que se contratan las horas justas para trabajar y punto. La segunda es la economía sumergida, donde pago las horas extras de aquella manera. Todo esto nos hace pensar que vamos en picado y nos hundimos en este barco. Y en un país que depende de la pyme, si no se las salva y se las ayuda, nos lleva a pique.