Parece ser que la Seguridad Social no sólo estaría obligando a los autónomos societarios, colegiados o colaboradores a comunicar sus datos de cara al nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según aseguró el Presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando J. Santiago Ollero, en una entrevista concedida a este diario, la Tesorería está solicitando de manera «masiva a todos los trabajadores por cuenta propia» que comuniquen determinada información sobre altas, bajas o variaciones antes del 31 de octubre, bajo riesgo de ser sancionados.
Fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social negaron a este diario, que se esté solicitando «centralizadamente» esta información a todos los autónomos. «No estamos pidiendo nada diferente a los datos de los societarios. Igual es un caso puntual desde alguna dirección provincial».
Sin embargo, el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos aseguró que «estamos recibiendo requerimientos de todo tipo de autónomos, no sólo societarios, también titulares de pequeños comercios que no están establecidos bajo ningún tipo de fórmula societaria – ni están colegiados-«. A su juicio, «la finalidad de la Tesorería con todas estas solicitudes de datos es hacer un cribado para discriminar entre todos y saber, por ejemplo, qué autónomos son societarios y cuáles no«, explicó Fernando Santiago.
En un principio, según confirmó Santiago, empezaron solicitando datos tan sólo a los autónomos que tenían registrados como societarios o colegiados, pero ahora están requiriendo información de manera indiscriminada. Al enviar requerimientos a todos los trabajadores por cuenta propia «lo que se consigue es hacer un filtrado y que una parte del colectivo aporte más a la Seguridad Social, ya que los autónomos societarios tienen bases mínimas más elevadas. Al actualizar la información, por ejemplo, la Seguridad Social puede comprobar si ha habido alguna modificación en la actividad del autónomo y exigirle que aumente su cotización. Esto también tiene implicaciones de cara a determinadas ayudas e incluso a la jubilación activa, que va sólo dirigida a profesionales dados de alta como persona física», aseguró el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
Si bien la Seguridad Social aseguró en distintas ocasiones que lleva tiempo consensuando este tipo de comunicación y gestiones, el presidente del consejo aseguró que «nunca han llamado a los gestores. Considerando que somos el colectivo que más nóminas y seguros sociales gestionamos para nuestros clientes, no encontramos la razón para que no quieran convocarnos a negociar. Tengo la sensación de que se trata de una vendetta por comunicar aquellos aspectos que consideramos mejorables.»
Además, añadió Santiago, «también dicen que sólo es necesario actualizar tres o cuatro datos. Sin embargo, cuando el profesional va a actualizarlos, hay otros muchos datos que se requieren como puede ser el teléfono fijo y móvil, el correo electrónico y otro tipo de información que si no se completa, la página no te permite continuar hasta la última pantalla, que es donde realmente se completan esos datos.
Según Fernando Santiago, «una persona normal necesita unos 30 minutos para actualizar todos esos datos. Imagina lo que puede suponer invertir todo ese tiempo para un solo gestor que tiene decenas o cientos de clientes autónomos».
Por ello, los gestores advierten que los profesionales se están viendo desbordados ante este tipo de gestiones para comunicar datos que ya debería tener la Tesorería. «No sólo nosotros y los abogados, los propios graduados sociales con los que parece que la Seguridad Social sí ha hablado, también han reconocido que no van a ser capaces de rellenar estos datos antes del 31 de octubre.»
Según explicó Fernando Santiago, «una ley que a la mayoría de los obligados a la misma les convierte en infractores es una ley mal hecha. A final de mes, cuando entrará en vigor esta norma y su no cumplimiento será objeto de sanción, habrá muchos autónomos que la estarán incumpliendo».
A esto, según el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, se añade el hecho de que «a los gestores nos están obligando a incumplir la Ley General de Protección de Datos. Seguridad Social dice que no se incumpliría porque cuando proviene de una norma tienes obligación de facilitar el dato».
La obligación legal a la que la Seguridad Social se estaría refiriendo y que según la Tesorería está amparada por el reglamento de protección dice que las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación.
Sin embargo, según Fernando Santiago, «lo que están solicitando está fuera del espectro de tratamiento que pueden llevar a cabo los gestores, y por lo tanto se nos está obligando a incumplir el reglamento de protección de datos porque no existe respaldo legal alguno para ese tratamiento. Imagina que a raíz de estos datos la Seguridad Social sube la base mínima a un cliente o le quita la jubilación activa. Si el cliente impusiera una denuncia el responsable sería el gestor y no estaría respaldado por ninguna norma».
La solicitud de datos es sólo uno de los trámites que se irán sumando en un futuro -contando con las regularizaciones que irá haciendo periódicamente la Tesorería, por ejemplo- a las tareas que ya hacen los gestores administrativos. Esta sobrecarga de trabajo, según los propios gestores, va a «aumentar los gastos de gestoría que soportan los autónomos».
Según el presidente de gestores, «lo hagan como lo hagan, el nuevo sistema va a disparar los costes para los autónomos porque la gran mayoría de los gestores, que también son autónomos, si tienen una media de cien clientes y tienen que dedicar unos 30 minutos sólo a este trámite de actualizar los datos antes del 31, ya invertirían 3.000 minutos. Serían 50 horas que debería dedicar un trabajador para realizar tan sólo este trámite Lógicamente ese tiempo se va a repercutir en los precios de los servicios de gestoría».
Además, hay muchas clases de autónomos. «Para las gestorías, está el autónomo con empelados, al que le llevas la gestión de las nóminas. Con este tipo de cliente se podría entender de una forma laxa que estas gestiones extra van incluidas en los trabajos o igualas que hacemos. Luego están los autónomos a los que les hicimos sólo un papel hace muchos años y ahora tienen que comunicar sus datos. Ese servicio evidentemente después de tanto tiempo se tiene que cobrar. También está el autónomo sin empleados al que le llevamos los papeles pero no le cobramos por gestión laboral o de cotización sino por sus impuestos. Estos nuevos trámites no son impuestos, sino gestiones administrativas que se cobran aparte«, aseguró Fernando Santiago.
Por lo tanto en «la mayor parte de los casos» los gestores se van a ver obligados a repercutir y cobrar los trámites extra ligados al nuevo sistema de cotización. «Habrá un pequeño número de gestorías que, por atención comercial o miedo a perder al cliente, decidirán hacerlo gratis. Pero posiblemente sean los menos», apuntó Santiago.