Fuente: La Razón.es
Una persona pasa una media de 300 días de su vida realizando trámites con la administración pública, según los cálculos del colegio de Gestores administrativos. Con el fin de facilitar precisamente este ahorro de tiempo a particulares y empresas, los gestores han vuelto a acudir a la capital comunitaria para reivindicar su profesión y pedir su homologación en todos los países europeos y una tarjeta única para que poder establecerse en cualquier país del bloque comunitario. Durante el día de ayer se entrevistaron con Sophia Zakari, directora del departamento de Política de empresa y Asuntos Jurídicos de la Comisión Europea y Richard Sonnerscheirn, director de Políticas de Justicia en la Dirección General de Justicia y Consumidores.
El jueves mantendrán un encuentro con la federación europea de asesores fiscales. Se espera que durante estas citas los gestores pongan de manifiesto su papel a la hora de mejorar la digitalización de la economía europea, una de las grandes apuestas de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen. Además, los gestores administrativos recuerdan que su profesión resulta clave para que los emprendedores y pymes puedan lidiar con la burocracia en un momento de despliegue de los fondos europeos post- pandemia Next Generation EU.
España es el único país en el que existe esta profesión que se encarga desde matricular un vehículo a tramites más complejos. Según este colectivo, un gestor español realiza el mismo trabajo que 15 abogados en EEUU. De momento, la Comisión Europea ha constatado las dificultades de homologar este profesión, pero ha animado a los gestores administrativos a estrechar la cooperación con otros países en los que algunos colectivos profesionales realicen tareas semejantes.
El presidente de los Gestores administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero explicó en el mes de junio de manera practica en que consiste su trabajo en un acto celebrado en la Eurocámara. En primer lugar, solicitó un certificado digital a través de video personación. Con este documento, pidió un certificado de antecedentes penales por delitos sexuales, que se obtuvo también en un breve espacio de tiempo. Los dos trámites se realizaron con una conexión wifi del parlamento europeo y las aplicaciones disponibles en España. Los gestores administrativos quisieron demostrar la rapidez y eficacia de su trabajo con datos de gran sensibilidad como los antecedentes penales por delitos sexuales.
Este acto contó con la presencia de jefa de la Unidad de Transformación digital de la industria de la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea, Amaryllis Verhoeven, quien incidió en la necesidad de digitalizar los trámites burocráticos en todos los países europeos, si bien no se comprometió a la creación de esta tarjeta europea.