El último Barómetro de los Gestores Administrativos, con datos recogidos los primeros días de marzo, arroja un panorama difícil para muchos negocios en España. Según la encuesta realizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos entre sus 6.000 colegiados, siguen en ERTE más de 300.000 empresas. De éstas, 113.000 cuentan con un ICO, frente a las 225.000 PYME que han formalizado operaciones avaladas por la línea ICO Covid19 y que en este momento no se encuentra en ERTE.
De acuerdo con los datos facilitados por los Gestores Administrativos, al menos el 60% de las operaciones formalizadas por las PYME que actualmente están en ERTE deberán acogerse a la ampliación de plazos aprobados por el Gobierno. En cuanto a los préstamos avalados por ICO para las PYME que no están actualmente en ERTE, van a solicitar ampliación de plazos el 50% de las empresas.
Otro dato revelador es que todas las empresas que siguen en ERTE necesitan más financiación para sobrevivir; de las PYME cuentan con alguna operación ICO y no están en ERTE, 124.000 precisan nueva financiación para sobrevivir. De las PYME que no han solicitado aún operaciones avaladas por ICO o que no se lo concedieron, 214.000 precisan ya acceder a financiación para asegurar su futuro. Tal y como ya se observó en el Barómetro gA de noviembre, el 6% de las PYME no están pudiendo en la actualidad atender sus compromisos de pago.
Preguntados los gA sobre cuantas PYME estarían esperando a presentar concurso de acreedores de no existir la moratoria concursal, la respuesta es demoledora: en torno a las 130.000 PYME. «Esperemos no llegar a esta situación», afirma el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago. «Francamente, nos ha sorprendido el dato, si bien entendemos que la cifra va a responder tanto a concursos como a desapariciones directas; las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden. En prensa no hacemos más que leer sobre ayudas directas, quitas, préstamos participativos, prórrogas… y los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener esta incertidumbre tanto tiempo, el Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya», apostilla Santiago.
El Barómetro revela que más de 200.000 empresas están pensando en reclamar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 negocios reclamarán a sus seguros. Para el presidente de los Gestores Administrativos «es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. El Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas».
Preguntados los Gestores Administrativos sobre las medidas que debería tomar el Gobierno para aliviar los problemas de las PYME, el 56% aboga por las ayudas directas, el 52% creen que se deben rebajar los seguros sociales y el 50% entiende que se debe facilitar el pago de los impuestos, con más plazo, mayor importe para aplazamientos y eliminación del tipo de interés. Prorrogar los ICO, habilitar nuevas líneas de financiación y mejorar las ayudas en los ERTE son otras de las medidas solicitadas por los Gestores Administrativos.
En cuanto a qué empresas deben considerarse viables, en el caso de que esta sea la frontera entre ser rescatada o no por el Estado, el 55% de los Gestores Administrativos afirman que no será fácil definir quien es o no viable. Un 39% cree que deben ser consideradas viables aquellas que lo eran antes de comenzar la pandemia y un 32% de los Gestores Administrativos creen que serán viables aquellas que cuenten con un reducido endeudamiento.
Para Fernando Santiago, «el Ejecutivo tiene mucho trabajo y poco tiempo, por lo que le pedimos que no demore más las medidas que permitan salvar a nuestros negocios. Y, por favor, actúen con ayudas directas, no enmascaren el problema, resuélvanlo. No se olviden que no solo salvamos negocios, si no que salvamos familias».