Los gestores administrativos consideran que el Gobierno ha aceptado la demanda de suspensión general de los plazos administrativos solicitada por el colectivo, aunque entienden como imprescindible que el Gobierno precise el calendario administrativo fiscal y laboral de cara a las obligaciones que comienzan a final de mes. En la norma que regula el estado de alarma el Ejecutivo decreta que “se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público” durante la vigencia del Real Decreto, que son 15 días naturales desde su entrada en vigor.

Este plazo, sin embargo, “resulta insuficiente a los efectos del alivio necesario a autónomos y pequeñas y medianas empresas”. Así lo señala el presidente del Consejo de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, quien plantea algunas dudas derivadas del plazo de 15 días. “Si se mantiene el período que marca el real decreto, ¿cuándo habría que liquidar los seguros sociales cuyo plazo de pago vence el mismo 31 de marzo?, o por otro lado, ¿se puede retrasar la presentación y el pago del IVA trimestral que vence el 20 de abril?”. Estas dos cuestiones son, en opinión de Santiago, “las que realmente importan a los trabajadores, pymes y autónomos de España”.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España solicitó el 13 de marzo al Gobierno Central que todo el calendario de las obligaciones administrativas se retrasara en un mes como mínimo y de forma general, sin mediar solicitudes individuales. En esta comunicación directa mantenida con el Ejecutivo, los gestores administrativos hicieron especial hincapié en los aplazamientos de las obligaciones fiscales y en las de las liquidaciones de cotizaciones sociales. Con estas medidas los profesionales de la GA pretenden facilitar la supervivencia de todas las pymes y los autónomos que se están viendo afectados por las restricciones, las caídas de la actividad e incluso los ceses temporales derivadas de la expansión del Covid-19.

Pagos a la Seguridad Social

Además, los gestores administrativos subrayan la importancia de que el Gobierno aclare si va a tomar medidas para aligerar o exonerar de las cargas derivadas de la Seguridad Social a todas las empresas y autónomos que se están viendo afectadas por la suspensión de actividades. Por otro lado, el colectivo ha remarcado que el Gobierno también tiene

que facilitar el acceso a las prestaciones por desempleo para todos aquellos trabajadores que se vean afectados por expedientes reguladores temporales de empleo.

Los gestores administrativos indican que sería sencillo poner en marcha estas medidas si se decreta el estado de catástrofe como estipula el artículo 24.2 b) de la Ley 17/2015 de 9 de julio que regula esta cuestión. Esta posibilidad ya fue recogida por el propio Ministerio de Trabajo en su guía de recomendaciones para hacer frente al coronavirus publicada el pasado 4 de marzo de 2020.

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha mostrado la predisposición de todo su colectivo de cara a colaborar con los poderes públicos en el desarrollo de todas las medidas necesarias para preservar la salud pública y para contribuir a suavizar las graves consecuencias que la enfermedad tendrá en el tejido productivo y los trabajadores.